En un acto electoral del PP, el sábado en Palma, José Ramón Bauzá se vanagloriaba de que "en 2011 había 181 empresas públicas, y las hemos reducido a 71, con un ahorro de más de 352 millones" de euros. En plena precampaña el presidente del Govern explota uno de sus logros políticos más aplaudidos, la reestructuración de la compleja maraña de empresas, consorcios, entes y organismos públicas que tejió e hinchó Jaume Matas, y continuó alimentando el segundo Pacto de Progreso. Pero ¿cuánto ha costado a los contribuyentes el despido de trabajadores de todas esas entidades dependientes del Govern, por los ajustes de Bauzá en esta legislatura? La respuesta solo la sabe el propio Ejecutivo del PP, pero se resiste a facilitarla.
Ni el grupo Més, en la oposición, ni el sindicato STEI consiguen saber a cuánto ascienden las indemnizaciones a las que ha tenido que hacer frente la Comunidad Autónoma por los múltiples despidos declarados improcedentes por los jueces. Ambos achacan esa negativa a que dicha suma de fondos públicos ha terminado siendo tan elevada, por cómo ha llevado a cabo el PP la racionalización del sector público instrumental, que es preferible esconderla en términos de rentabilidad electoral.
El diputado de Més Nel Martí lleva meses intentando que el Govern le detalle "la cantidad total que ha pagado o tiene que pagar la Comunidad en concepto de costas, salarios de tramitación e indemnizaciones, derivados de sentencias firmes por despidos nulos e improcedentes" en las empresas públicas. El número dos del Govern, Antonio Gómez, huye por la tangente: "La Administración de la Comunidad Autónoma no ha abonado ninguna cantidad por ese concepto, toda vez que esos gastos los ha afrontado cada uno de los entes, con cargo a sus presupuestos".
"Con la política de despidos a mansalva ejecutada por Bauzá ha sido muchísimo peor el remedio que la enfermedad", afirma Martí, convencido de que al ciudadano "le han salido muy caras" las indemnizaciones por despidos, lo que atribuye a "la improvisación" del Govern y su "pésima gestión".
Alternativas
El parlamentario de Més recuerda que los tribunales han tumbado decenas de despidos de ex empleados públicos, anulando el criterio inicial del Ejecutivo de amortizar las plazas sin derecho a indemnización alguna. "En lugar de intentar la negociación, los expedientes de regulación, las recolocaciones y las jubilaciones anticipadas, se optó por el despido a coste cero, para echar sin pagar, sin reconocer los derechos de los trabajadores ni el error en la contratación de origen cometido por la Administración", critica Nel Martí.
En el listado de varapalos judiciales que acumula el Govern existen casos flagrantes, como el de un ingeniero de la conselleria de Medio Ambiente despedido en 2012; el juez condenó al Govern a abonarle 185.000 euros como compensación por los 18 años que llevaba en la empresa pública Abaqua. El empleado en cuestión cumplía los 65 años al cabo de unos meses, por lo que de haber esperado a su jubilación, el Govern se hubiera ahorrado tener que indemnizarle. En otro caso de una trabajadora del Ibanat, la indemnización fijada por el juez fue de 63.695 euros, por despido también improcedente. A la trabajadora en cuestión solo le faltaban cuatro meses para cumplir los 65 años.
Cambio de doctrina
El Govern alega en su defensa que a mitad de partida el Tribunal Supremo ha variado su propia doctrina, "un giro interpretativo tan drástico que puede suponer una vulneración de los principios de seguridad jurídica e igualdad", sostiene Antonio Gómez.
De la batería de solicitudes registradas por Més, el vicepresidente solo contesta las referidas al número de trabajadores que han sido despedidos esta legislatura con la consideración laboral de "personal indefinido no fijo": 174 empleados, "conforme las sentencias dictadas", apostilla. Los que han ganado la nulidad del despido son 65, mientras otros 27 han sido declarados improcedentes.
El vicepresidente usa el mismo encabezamiento en todas estas respuestas oficiales: "De acuerdo a la información recabada de cada uno de los entes que integran el sector público instrumental...", y a continuación proporciona los datos sobre los despedidos. Por el contrario, Gómez rechaza desvelar el coste global de las indemnizaciones por sentencias en contra; se excusa llamativamente con que habría que reclamar la información una por una a las empresas públicas que han ajustado su plantilla.
El mismo subterfugio lo utiliza Maria Lluïsa Ginard, la directora suplente de la Oficina de Control Presupuestario del Govern. Miquel Gelabert, del STEI, le requirió el número de rescisiones contractuales o amortizaciones de plazas realizados desde 2011. Ginard responde que su oficina "no dispone de los datos reclamados", y emplaza al representante sindical a "solicitar dicha información a cada una de las empresas o conselleries correspondientes".
Desde el STEI consideran que la contestación de la alto cargo del Govern "no es de recibo". Recuerdan que en el decreto que regula su creación, la Oficina de Control Presupuestario tiene encomendada "la recopilación de toda la información económico-financiera del sector público autonómico, así como las propuestas pertinentes para ordenarlo racionalmente según los principios propios de la buen gestión financiera". El STEI critica duramente que un órgano de control que el presidente Bauzá vendió a bombo y platillo para precisamente poner orden en las empresas públicas, hacer las fusiones y los ajustes de plantillas, "cuando le preguntas los datos al respecto se despache diciendo que no los sabe, y que los pidas a cada ente público. Es impresentable".
Tres directores en casi 4 años
El actual Govern creó este nuevo departamento en el organigrama. En los casi cuatro años de legislatura, ya ha tenido tres directores: empezó Joaquín García, el ideólogo de la reestructuración del sector público instrumental, que tras ser aupado como conseller de Economía y Competitividad fue sustituido por Bartomeu Alcover.
Al ser nombrado éste como actual secretario general de la conselleria de Educación y Cultura, le sustituye ahora por suplencia Maria Lluïsa Ginard, que compagina ese cargo con la dirección del Instituto de Estudios Autonómicos.
