Como novedad en la lucha contra la corrupción el Gobierno ha anunciado la creación, al amparo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de un procedimiento, el nuevo decomiso autónomo por delitos de corrupción, un plan para que se puedan recuperar los bienes o importes defraudados por los corruptos. Entre las medidas concretas de este procedimiento se incluye la creación de una oficina de recuperación de activos, algo que ya se aplica en Francia desde hace un par de años y que ha permitido "gestionar" más de 2.000 millones de euros. La oficina de recuperación de activos tendría la consideración de Policía Judicial a las órdenes de jueces y fiscales y su principal función sería controlar y gestionar el patrimonio incautado a los criminales.
