Javier Rodrigo de Santos, el exconcejal de Urbanismo de Palma, reveló ayer lo que era un secreto a voces: que el Partido Popular de Balears solicitaba una comisión por cada contrato público que otorgaba. Y señaló además el porcentaje de dicha comisión, el tres por ciento. El dinero se exigía en Balears con la aprobación de los dirigentes nacionales del partido.

El exconcejal de Urbanismo fue interrogado ayer por el juez José Castro para que aclarara y ampliara la declaración que hace seis meses realizó ante el fiscal Pedro Horrach, en la que desveló que un empresario, Antonio Pinal, había financiado la compra de la sede del PP de Palma a cambio de la concesión de una obra pública. De hecho, De Santos llegó a realizar dos declaraciones distintas. En la primera habló del proceso de adjudicación de Son Espases y confirmó todas las irregularidades que después se han descubierto. En la segunda desveló la dinámica del pago de comisiones que se exigía desde el PP de Palma para obtener una financiación ilegal.

De Santos relató ayer al juez episodios que él no llegó a presenciar, pero que le contaron personas próximas al partido, a las que da toda credibilidad. En concreto, señaló que sus informantes habían sido María Umbert, exdirectora general de IB3; Sergio Beltrán, exdirector de IBSalut; Juan Antonio Esteban, delegado de la empresa Dragados en Balears y el periodista Eduardo Inda. Uno de ellos, sin especificar quién, le aseguró que el PP de Balears, "con el conocimiento del Partido Popular a nivel nacional" había solicitado una comisión de nueve millones a las dos empresas que se disputaban la construcción del hospital de Son Espases, es decir, las constructoras OHL y Dragados. Aclaró que la empresa que preside Villar Mir sí accedió a esta condición de pagar comisiones, mientras que la otra constructora que preside Florentino Pérez no lo hizo "por la imposibilidad de entregar tanto dinero negro", siempre según lo que ayer detalló a Castro.

El pago de comisiones no solo se concentró en el proyecto de Son Espases. El exconcejal desveló el sistema de financiación ilegal que utilizaba el PP de Balears en la época de Matas. Por cada proyecto público que se aprobaba, se exigía el pago de una comisión del tres por cierto. Una dinámica que no se limitaba solo a las contrataciones que realizaba el Govern, sino también el Ayuntamiento de Palma, aunque De Santos no aclaró si la entonces alcaldesa Catalina Cirer conocía esta situación.

Al igual que hizo ante el fiscal, De Santos volvió a identificar al mandatario del partido que exigía estos pagos: Fernando Areal, cuñado de Matas, a quien el expresident colocó como gerente del PP de Balears.

En su larga declaración, el exconcejal detalló al juez Castro que, salvo excepciones, los concursos de contratación no se amañaban. Ganaba la oferta que los técnicos consideraban que debía llevarse el concurso. Sin embargo, una vez firmada la contratación, el empresario recibía a los pocos días una llamada telefónica de Fernando Areal. Citaba al empresario para que se personara en la sede del PP. Allí era recibido por el gerente, que le exigía la cuota del 3 por ciento para el partido. Esta dinámica se repetía en cada contratación que superaba el medio millón de euros.

Amaño

También confirmó ante el juez Castro que no solo se amañó el concurso para construir el hospital de Son Espases, sino también la elección de la empresa que debía valorar las distintas ofertas. Este contrato público se concedió a la empresa Global PM. De Santos la calificó ayer de "consultora afín tanto al PP como a José María Rodríguez". Y aclaró que esta empresa ya había trabajado en proyectos de la empresa municipal de aparcamientos cuando Rodríguez era concejal de Infraestructuras. A su representante, Javier Peinado, lo veía con frecuencia, tanto en las dependencias municipales como en la sede del PP.

Desveló también que el PP de Balears no fue el único partido de las islas que se financió ilegalmente a través de proyectos urbanísticos.

Acusó también al PSOE y a Unió Mallorquina. Explicó que en la ciudad de Palma se concentraban tres proyectos que se repartían los tres partidos. El PP se benefició de Ses Fontanelles, los socialistas del proyecto de Son Serra Perera, junto al monasterio de La Real, y Unió Mallorquina de la recalificación de Son Oms.