Los jueces y la fiscalía anticorrupción de Balears han recuperado para el Estado, en los últimos años, casi 25 millones de euros que habían sido desviados o defraudados por tramas de corrupción política o fiscal. El balance coincide con el anuncio, efectuado anteayer en el debate sobre el estado de la nación, de la próxima creación de una oficina de recuperación de activos de la corrupción, un departamento dedicado a hacer aflorar los caudales públicos malversados o los impuestos impagados.
No existen estadísticas sobre el dinero público que las redes de corrupción han defraudado en las islas, aunque los casos judiciales investigados y los que se hallan en fase de instrucción, como la pieza separada del Palma Arena sobre financiación ilegal del PP, apuntan a decenas de millones de euros.
La fiscalía anticorrupción sí que ha contabilizado lo que han recaudado las distintas administraciones víctimas de esos delitos: Govern, Consells insulars, Ayuntamientos y Estado central, en especial la Agencia Tributaria. Estos pagos han sido posibles gracias a las condenas de expolíticos, funcionarios y empresarios implicados en estos casos, muchas de ellas gracias a conformidades pacatadas con la fiscalía.
Can Domenge
La Administración más beneficiada por ese trabajo de jueces y fiscales ha sido la Hacienda Pública, que solamente gracias al caso Relámpago, una trama de evasión fiscal vertebrada en torno al bufete palmesano Feliu, ha ingresado 16,8 millones de euros.
Por el contrario, el Govern, que es uno de los mayores perjudicados por los delitos cometidos por las redes corruptas, ha conseguido recuperar de los millones de euros perdidos menos de 900.000 euros.
El Consell de Mallorca fue víctima, especialmente en tiempos de gobiernos de Unió Mallorquina (UM), de numerosos amaños de concursos, contratos fraudulentos y desvíos de fondos. La institución insular ha tenido más suerte que el Govern porque gracias a un único sumario, el relativo a la venta de los solares de Can Domenge a la multinacional Sacresa, ha conseguido 3 millones de euros.
Los casos Scala, un saqueo sistemático y organizado de los fondos del consorcio público del Govern CDEIB, y Bitel, desvíos de caudales de la empresa pública de servicios telemáticos del mismo nombre, han permitido recaudar cantidades inferiores al millón de euros.
Las sentencias en este tipo de asuntos han establecido importantes indemnizaciones, multas y recargos para los condenados, pero el dinero no llega a las arcas públicas. El problema es que muchos de los condenados disponen, desde hace años, de testaferros o de un patrimonio oculto, lejos del alcance de la justicia española.
La fortuna en blanco de estas personas no alcanza para cubrir las responsabilidades pecuniarias de sus delitos. Por otro lado, los inmuebles, cuentas corrientes y otros bienes de los implicados se destinan a las indemnizaciones de las primeras condenas. Si luego vienen otras sentencias, los acusados ya son insolventes.
Hace unos días el fiscal superior de Balears, Bartolomé Barceló, resaltó en su intervención ante el Parlament, donde presentó la memoria anual de la fiscalía, la asignatura pendiente de la recuperación del dinero malversado.
Barceló admitió las dificultades para conseguir que los corruptos devuelvan el producto de sus delitos, pero añadió que la fiscalía de Balears trabaja sin descanso para conseguir ese objetivo.
La Agencia Tributaria es un excelente aliado en esa lucha contra la corrupción.
