Los casos judiciales de grandes tramas de fraude fiscal y las estafas millonarias proliferan en los últimos años en Balears, tanto que desde la fiscalía se ha reclamado la creación de una sección especializada en delitos económicos. Actualmente estos sumarios, muchos de ellos de enorme complejidad y con conexiones en el extranjero, son competencia de los fiscales anticorrupción, que ya están desbordados por los delitos cometidos por políticos y sus cómplices.
La fiscalía ha echado cuentas y elaborado una lista de los 20 sumarios por delitos económicos más importantes que se han instruido o se están investigando en las islas. A ellos hay que añadir muchísimas más causas por estafas, apropiaciones indebidas o fraudes diversos de cuantía no elevada y que no corresponden a los 4 fiscales anticorrupción, así como varios sumarios por delitos contra la Hacienda Pública de cuantía no elevada y que en su mayoría también son competencia de Juan Carrau, Pedro Horrach, Miguel Ángel Subirán y Ana Lamas.
A la cabeza de los casos económicos con mayor trascendencia se halla Royaltur, una supuesta estafa en la compraventa durante los años 90 de la cadena hotelera del mismo nombre. La fiscalía anticorrupción no formuló acusación pero el pleito tenía una trascendencia de cerca de 94 millones de euros. La sala segunda de la Audiencia de Palma y el Tribunal Supremo absolvieron a los acusados.
La segunda causa económica en cuantía son los delitos fiscales atribuidos a un excargo del touroperador Tui.
Hace casi un año Andrew Lloyd John, abogado jefe de la asesoría jurídica de la empresa turística TUI Travel, además de secretario del consejo de administración de esta sociedad británica, asumió la culpa de los delitos contra la Hacienda Pública cometidos por el touroperador en España. En concreto fueron cinco delitos fiscales, a través del impago del impuesto de sociedades, que esta empresa habría realizado en los periodos tributarios desde 2004 a 2008. El fraude fiscal se elevaba a la cantidad de casi 30 millones de euros. TUI, para evitar que su directivo fuera a la cárcel, pagó esta cantidad más otros 20 millones en concepto de multa, intereses y costas. Estos 50 millones de euros fueron depositados en las cuenta del Estado y representaron la cifra récord pagada por un infractor de un delito fiscal cometido en Balears. A nivel nacional, la cifra se situó en segunda posición.
Sin llegar a esas cifras tan elevadas, en Balears se han investigado delitos contra la Hacienda Pública de cuantías que rondan los 10 millones de euros. Los acusados son dos residentes en las islas, uno de los cuales ya ha sido condenado, en sentencia firme, a 4 años de cárcel.
Anticorrupción también investiga otros casos de delitos fiscales de cuantías millonarias y relacionados con el fraude en el IVA.
