El pasado mes de enero en el Govern Bauzá les entraron las prisas para adjudicar farmacias. Por ello, desde las altas instancias del Consolat y de la conselleria de Salut se ordenó acelerar al máximo todos los informes jurídicos necesarios para poder proceder a adjudicar alguna botica. Se argumentó ante los funcionarios que querían otorgar farmacias antes de las elecciones para no quedar ante la opinión pública como el Govern que no autorizó ni un establecimiento para dispensar medicamentos en cuatro años.
Sin embargo, la cuestión de fondo que preocupaba al Govern de José Ramón Bauzá y del conseller Martí Sansaloni eran judiciales. Sabían que la querella presentada por el farmacéutico Tòfol Pons no iba por buen camino. Bauzá y Sansaloni no estaban equivocados a la hora de ordenar agilizar el tema de las farmacias. Lo que ocurre es que llegaron tarde. El 11 de febrero la Audiencia Provincial emitió su auto donde admitía a trámite la querella de Pons por presunta prevaricación por omisión contra Bauzá, Sansaloni y el director general de Farmacia, César Vicente, los tres farmacéuticos de profesión.
La Audiencia Provincial ordenaba al juez de instrucción, Antoni Garcías, que investigase los motivos que tuvieron Bauzá, Sansaloni y Vicente para no sacar el concurso de méritos para adjudicar 42 farmacias en Mallorca. A ello hay que unir la sentencia del 29 de enero de 2014 donde el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ordenaba adjudicar 9 farmacias. Sin embargo, el querellante Tòfol Pons entiende que hace años que deberían haber sido adjudicadas las 42 previstas.
El Govern pidió celeridad a los funcionarios de los servicios jurídicos de diferentes departamentos. Bauzá quería aprobar la Ley de Farmacias, modificando algunos aspectos de la actual, antes de sacar los concursos para adjudicar las boticas. Para tramitar la nueva normativa se hacían imprescindibles los informes jurídicos del Govern y del Consell Consultiu. Desde la Conselleria se pidió un esfuerzo a funcionarios y a los organismos jurídicos para que emitieran sus informes y dictámenes con los plazos mínimos permitidos por la ley.
La Ley de Farmacia se aprobó el día 10 de Febrero, justo un día antes del auto de la Audiencia Provincial que ordenaba investigar al president y al conseller de Salut por presunta prevaricación en esta cuestión de las farmacias. En aquellas fechas, Sansaloni anunciaba que "en las próximas semanas" se convocaría un concurso para adjudicar un importante número de boticas.
Técnicos de Salut admitieron que cuando recibieron la orden de agilizar los trámites todo el mundo sabía en la Conselleria que estaba "al caer" el tema de la querella de Tòfol Pons. No obstante, también admiten que una de las principales preocupaciones de Martí Sansaloni era que el actual Govern del PP no acabara la legislatura sin haber autorizado ni una sola farmacia. Especialmente teniendo en cuenta que él y el president del Govern son farmacéuticos.
Entre los cambios introducidos en la nueva Ley de Farmacias destaca el hecho de que los nuevos adjudicatarios deben explotar el establecimiento durante un mínimo de tres años y que al venderla no se podrá volver a concursar durante siete años. Esta modificación está claramente introducida para paralizar la actividad de Pons, querellante de Bauzá, que se dedica a participar en este tipo de concursos. Desde el PP apuntaron que han querido evitar "la especulación".
