La Audiencia ordena investigar penalmente a Bauzá y a Sansaloni por no abrir farmacias

Nuevo varapalo judicial para José Ramón Bauzá. La Audiencia Provincial de Palma ha estimado el recurso de apelación presentado por Critstòfol Pons, revocando así la decisión del juzgado de Instrucción número 7 de Palma de no admitir a trámite la querella por presunta prevaricación falsedad documental e infidelidad en la custodia de documentos interpuesta contra el president Bauzá el conseller de Sanidad, Martí Sansaloni, y el director general de Farmacia del Govern, César Vicente Sánchez, a raíz de la no convocatoria de concursos para abrir nuevas farmacias.

La Audiencia ordena ahora tramitar la querella contra Bauzá, Sansaloni y Vicente, los tres farmacéuticos, y explica que deben practicarse diligencias para determinar los hechos y las personas contra las que dirigir las diligencias porque "no se puede descartar la naturaleza delictiva" y "puede comportar una ilegalidad patente, grave, manifiesta y evidente".

Los jueces precisan que consideran "necesario y recomendable" practicar una investigación previa a la imputación de los posibles responsables, empezando por tomar declaración al querellante y otros posibles perjudicados. El auto del tribunal provincial es firme y contra él no cabe recurso.

El farmacéutico Cristòfol Pons es una persona que mantiene, desde hace años, una ofensiva legal contra el Govern de Bauzá por tener bloqueadas 51 farmacias, que ya están autorizadas, pero que no pueden abrirse al no salir los concursos de méritos para asignarles un titular.

De forma paralela a sus recursos en vía contencioso-administrativa, Pons interpuso a finales de julio una querella contra Bauzá y los otros dos exaltos cargos, a los que acusó de paralizar los concursos de méritos por intereses personales, dado que los tres son licenciados en farmacia y tienen relaciones con establecimientos de ese tipo, ya de forma directa, como en el caso del president, o indirecta. Básicamente, Pons atribuía a Bauzá y sus dos altos cargos el bloquear los concursos para, dados sus vínculos económicos con el sector, evitar la competencia de nuevas farmacias.

El juez instructor desestimó la querella por considerar que no existe una resolución injusta y deliberada sino simples hechos omisivos y porque la cuestión debe someterse a la jurisdicción contencioso-administrativa.

El tribunal provincial considera que, en este caso, "la falta de convocatoria del concurso equivale a una resolución, en la medida que ello sería tanto como habérselo denegado".

La Audiencia considera que el retraso en abrir la segunda fase del concurso de méritos para adjudicar las farmacias autorizadas entre 2009 y 2011 "pudo obedecer a la simple o intrínseca lentitud de la Administración o a otros intereses o a la propia situación económica", sin que suponga "atisbo alguno de omisión grosera, flagrante y evidente del ordenamiento jurídico".

Pero el tribunal advierte de que dicho retraso "sí puede alcanzar tales notas" a partir de la sentencia contencioso-administrativa del 29 de enero de 2014 que reconoció a otro farmacéutico el derecho a que se tramitara la apertura de nueve farmacias como había reclamado.

La Audiencia de Palma afirma que "no se puede descartar la naturaleza delictiva de los hechos, ante la claridad de la sentencia indicada y el tiempo transcurrido". "Sí se aprecia que dicha omisión, en este momento y tal y como viene relatada en la querella, puede comportar una ilegalidad patente, grave, manifiesta y evidente", afirman los jueces en el auto.

Consideran recomendable "la dilación en la imputación de los posibles responsables", dada la complejidad "fáctica y jurídica" de este asunto y necesario practicar una investigación previa, empezando por tomar declaración al querellante, Cristòfol Pons, al otro farmacéutico que acudió a los tribunales y obtuvo en enero de 2014 la sentencia que reconoció su derecho a que prosiga la tramitación de 9 farmacias que solicitó; y de "otros posibles testigos perjudicados".

La decisión de la Audiencia podría abrir una grave crisis política ya que, para garantizar los derechos procesales de José Ramón Bauzá durante la instrucción, el juez puede optar por imputarle si los resultados de la investigación siguen apuntando hacia él como responble. Si esto llegase a ocurrir, con las elecciones autonómicas a la vuelta de esquina y atendiendo al compromiso adoptado por el propio Bauzá de no incluir imputados en sus listas, el Partido Popular podría verse sin candidato a escasas fechas de la cita con las urnas.