Una vez concluido del todo el proceso administrativo, el director del instituto de Marratxí, Jaume March, se prepara ahora para la batalla judicial.

El viernes pasado, la conselleria de Educación le notificó el cierre definitivo de su expediente, amonestándole con una falta leve y sin tener en cuenta las alegaciones que presentó a esta propuesta de resolución que conoció el mes pasado.

March tiene previsto presentar un recurso contencioso administrativo al entender que todo el proceso "se ha hecho con los pies", con "poco cuidado y muchas negligencias". Según el director, en las comunicaciones de Educación se ha encontrado que se argumentaban decisiones citando artículos y normativas equivocadas. Ya desde que se le abrió este expediente, March anunció su intención de llevar al Govern ante los tribunales al entender que se estaban "vulnerando los derechos fundamentales en la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva".

Este expediente que desde el viernes ya está cerrado fue abierto cuando March intentó a su vez abrir un expediente disciplinario a una exalumna, Laura Venzal, por grabar una conversación a escondidas con el jefe de estudios cuando era estudiante de este instituto.

El padre de esta alumna, que por aquel entonces estudiaba segundo de Bachillerato, había presentado primero una denuncia contra el director porque quería que se avanzase materia durante las tres semanas de huelga contra el Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) que marcaron el inicio del curso 2013-2014. Dicha denuncia propició la apertura de un primer expediente.

Cuando March trató de expedientar a Venzal por la grabación, ésta ya no era alumna del instituto al haberse trasladado a Madre Alberta y Educación le abrió un segundo expediente y lo suspendió de sus funciones como director durante medio año, el tiempo máximo permitido. Educación deberá devolver a March el dinero que dejó de percibir aquellos seis meses.

El pasado mes de diciembre, tras conocerse la propuesta de resolución con falta leve, los padres de Laura Venzal presentaron una demanda contra la Conselleria y contra Inspección por "inactividad consciente", dejación de sus funciones e infracción de la normativa administrativa para la instrucción de expedientes. Acudieron también al Defensor del Pueblo.