28 de noviembre de 2014
28.11.2014
Tribunales

El Supremo evita que el exjefe de atracos vuelva a ser policía

El tribunal, a petición de la fiscalía, rectifica un grave error cometido en la sentencia, que se dictó hace cuatro años, y ahora impone la inhabilitación - Interior puede instar de nuevo su expulsión

28.11.2014 | 02:35
Gómez, el inspector corrupto de la Policía, fue condenado a cinco años y medio de cárcel, que ya ha cumplido.

Policía corrupto

  • Alivio en Jefatura ante la solución del Supremo

    La decisión del Tribunal Supremo, al rectificar el error de la sentencia que dictó hace cuatro años, ha supuesto un auténtico alivio en la Jefatura de Policía de Palma. Nadie deseaba encontrarse con Pepote Gómez en comisaría, porque se trata de un policía corrupto cuya actuación ocasionó un grave daño a la Policía. Si se hubiera reincorporado al Cuerpo, se había previsto concederle la segunda actividad. Formalmente ya no volvería a vestir de uniforme, pero tendría derecho a recuperar su condición de funcionario, con los beneficios que ello arrastra. Además, cobraría una pensión de por vida de unos 2.000 euros al mes. Esta prejubilación no le impediría desarrollar otra profesión, salvo que fuera incompatible con la actividad policial. El Supremo ha evitado que esta situación se produzca al aceptar la petición del fiscal.
José Gómez, el exjefe de Atracos de Palma, implicado en el denominado caso Son Banya, no volverá a vestir el uniforme de inspector, a pesar de verse beneficiado por una cascada de errores que le permitían volver a ser policía. De pedir su reincorporación a la institución hubiera tenido derecho a una paga mensual (a razón de unos 2.000 euros al mes), a recuperar sus derechos laborales y a una pensión vitalicia. Sin embargo, al final la Justicia ha impedido que el exinspector pueda disfrutar de estos beneficios. El Tribunal Supremo, en una reciente resolución, ha decidido aceptar el escrito que presentó la fiscalía, en el que se solicitó una rectificación de la sentencia que se dictó hace cuatro años. Este mismo tribunal, al revisar la sentencia que dictó la Audiencia de Palma, aceptó el recurso del fiscal, que pidió que se condenara al policía a la inhabilitación absoluta. El juez lo aceptó, pero se olvidó de incluirla en el fallo de la sentencia. Este error motivaba que no se pudiera aplicar la inhabilitación.

Pero no ha sido el único error que ha beneficiado a José Gómez. Una vez que la sentencia fue firme, el Ministerio de Interior inició el expediente de expulsión. Todo policía que es condenado por un delito, automáticamente y en base al reglamento interno, es expulsado del Cuerpo. Sin embargo, esta expulsión se aprueba siempre y cuando se tramite correctamente el expediente administrativo. Interior solo disponía de un plazo de seis meses para tramitar dicho expediente. Sin embargo, el instructor tardó nueve meses, es decir, se excedió de tiempo. Este error fue aprovechado por el exjefe de Atracos, que presentó una demanda en la Audiencia Nacional que finalmente ganó. El tribunal anulaba la orden del ministro de Interior y, por tanto, dejaba sin efecto la orden de expulsión. Gómez podía solicitar su reingreso en cualquier momento. No solo podía volver a vestir el uniforme y recuperar su condición de autoridad, sino que además tenía la posibilidad de solicitar una indemnización por los años de más en los que estuvo suspendido.

La fiscalía Antidroga de Baleares, representada por Julio Cano y Adrián Salazar, al tener conocimiento de esta situación, buscó una solución para evitar que el policía corrupto pudiera recuperar la placa, lo que hubiera supuesto un auténtico escándalo. Al detectar el error judicial que se había producido en la sentencia de casación se propuso a la fiscalía del Supremo que planteara la posibilidad de que se rectificara la omisión del fallo.

A pesar del interés del fiscal en rectificar el error, existía la duda de que si esta propuesta se había presentado demasiado tarde, ya que la sentencia del Supremo se había dictado en 2010, es decir, hace cuatro años. No existía ningún precedente legal conocido en el que se solicitara esta rectificación después de transcurrir tanto tiempo desde que se dictara la sentencia.

El Tribunal Supremo solicitó al propio exinspector que se pronunciara sobre esta petición, a lo que lógicamente se opuso, ya que de lo contrario se impondría su inhabilitación. Si no se oponía a la propuesta del fiscal, ya no tendría la posibilidad de solicitar su reincorporación y perdería todos sus derechos laborales.

El Tribunal Supremo, en un reciente auto, reconoce el error cometido y señala que la Sala cometió una incoherencia al aceptar la inhabilitación y finalmente no reflejarla en la parte dispositiva de la sentencia. Los jueces han repasado la documentación y han comprobado que en uno de los fundamentos se estima el recurso del fiscal, en el sentido de que se determinara la inhabilitación absoluta del policía, dado que la Audiencia de Palma únicamente le impuso dos años de suspensión, que el exjefe de Atracos ya había cumplido. El auto señala que es "imprescindible" subsanar el error, lo que supone imponer la pena de inhabilitación para el funcionario.

Con esta resolución, contra la que no se puede recurrir, permite que Interior pueda volver a iniciar otro expediente administrativo de expulsión. Un trámite que debe iniciar la Dirección General de Policía y que será resuelto finalmente por el ministro de Interior.

La resolución de este expediente será ejecutar la inhabilitación del funcionario y decretar su expulsión definitiva.

No solo no volverá a recuperar la placa, sino que perderá todos los derechos laborales y no tendrá derecho a percibir una indemnización.

José Gómez lleva tiempo en libertad, después de pasar unos años en la cárcel por la extorsionar a la Paca, a la que exigió dinero.

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