La historia se repite. Como sucedió hace cuatro años, los docentes de la enseñanza pública están llamados a votar a sus representantes sindicales el próximo jueves día 4 y Educación suspende por ello la actividad lectiva entre la una y las seis de la tarde de dicho día, lo que genera las críticas de los padres, que lamentan que la Conselleria no establezca medidas que garanticen la atención a los más de 150.000 alumnos que pueden verse afectados.
La confederación de asociaciones de padres y madres de alumnos COAPA expresó ayer su crítica ante la falta de garantías y también ante el hecho de que Educación deje en manos de los centros la suspensión de los servicios complementarios (como el de comedor), algo que genera problemas de organización a las familias, especialmente a aquellas en las que todos los miembros trabajan : "No podemos aceptar que el ejercicio de un derecho totalmente respetable, como es el sindical, perjudique el derecho a la educación y a la atención adecuada a los alumnos en los centros educativos".
Por estos motivos, la confederación reclama que se establezcan medidas para no perjudicar a los alumnos y que puedan seguir siendo atendidos en los centros "con las mínimas garantías de seguridad y atención". Los representantes de las familias consideran que "no se puede responsabilizar a las familias de solucionar una situación que no ha sido provocada por ellos" y que "altera el desarrollo normal de sus actividades laborales y familiares".
Recurre y exige soluciones
La confederación de asociaciones que preside Jaume Ribas anunció ayer que presentará un recurso de reposición en la Conselleria para exigir una solución a esta situación y animó a las asociaciones de padres y madres a hacer lo mismo. También instan a las APAs a reclamar que no se suspendan servicios complementarios, como el de comedor.
A su entender, no se puede cargar a los equipos directivos con la responsabilidad de tener que decidir si se suspenden las actividades complementarias o no, cuando estos servicios se deciden en el consejo escolar de cada centro y por ello, argumenta, su suspensión también debería ser aprobada en este órgano de participación. "El coste de solucionar esta situación tampoco puede recaer sobre las familias ni en las APAs", concluye el comunicado de COAPA, que insiste en reclamar una solución a la conselleria deEducación.
