27 de noviembre de 2014
27.11.2014
Corrupción

El Consell acusa también a Munar de asociación ilícita

La institución solicita ocho años de cárcel para la presidenta que dirigió la institución durante dos legislaturas a través de Unió Mallorquina - La juez fija una fianza de 436.000 euros

27.11.2014 | 03:28
El Consell pretende que la expresidenta de esta institución cumpla otros ocho años de prisión.

Consorcio informático

  • La empresa pública también acusa a los políticos

     
  • El Consorcio Informático del Consell también ejerce la acusación particular contra los políticos de Unió Mallorquina que, supuestamente, utilizaron la empresa pública para desviar fondos públicos para favorecer a Unió Mallorquina.

       Junto al fiscal y al  Consell de Mallorca, la empresa imputa también un delito de asociación ilícita. Pero, además, añade otras acusaciones, como son los delitos de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y fraude a la administración. Pide una condena de diez años para cada uno de los 18 acusados que en breve se sentarán en el banquillo, protagonizando el juicio donde más personas relacionadas con Unió Mallorquina son acusadas en un caso de corrupción política.

       Los tres acusados de este partido que están en estos momentos en prisión, como son Munar, Nadal y Buils, serán excarcelados el próximo día 12 para que se les comunique la decisión de la juez de abrir juicio contra ellos.
Por primera vez el Consell de Mallorca acusa a una política que dirigió la institución insular durante ocho años de un delito de asociación ilícita. La institución coincide con la fiscalía Anticorrupción en que Maria Antònia Munar dirigía una organización criminal, a través de Unió Mallorquina, que de una forma estable sus integrantes se dedicaban a cometer delitos. Por este motivo, la acusación particular, como principal perjudicada por la actuación supuestamente ilegal de Munar, solicita que la expresidenta vuelva a ser condenada a una pena de ocho años de cárcel. Si los jueces aceptan esta propuesta, estos ocho años se sumarían a los otros once años de cárcel que la expresidenta de UM debe cumplir entre rejas al ser condenada ya dos veces con sentencia firme. El Consell siempre ha ejercido la acusación contra Munar en los dos juicios que se han celebrado contra ella, pero es la primera vez que imputa un delito de asociación ilícita. Hasta la fecha la acusación se había limitado a delitos como malversación o prevaricación, pero ahora el Consell de Mallorca ya considera a Unió Mallorquina, el partido que presidió la institución durante dos legislaturas (gracias al apoyo de otros partidos), como una organización dedicada a delinquir.

Pero el Consell no solo presenta cargos contra Munar, también lo hace contra los otros 17 acusados que serán juzgados en el denominado caso Cilma, centralizado en la empresa pública que gestiona la red informática.

La fiscalía pide contra los 18 acusados penas que suman hasta 96 años de cárcel y eso supondrá que coincidirán sentados en el banquillo de los acusados los principales dirigentes de Unió Mallorquina implicados en la gestión política. Entre los acusados habrá tres antiguos presidentes del partido, que volverán a ser juzgados en un nuevo caso de corrupción política. Munar, Nadal y Flaquer, cuya enemistad en estos momentos es conocida, tendrán que afrontar juntos esta grave acusación, por la que se solicitan severas penas de prisión.

Esta vez la juez Carmen Abrines, del juzgado de instrucción número 10 de Palma, ha abierto juicio oral por el destino que Cilma dio a tres subvenciones que debían mejorar la red informática. La supuesta malversación se maquilló a través de tres proyectos, financiados con fondos públicos, denominados Eiel, Infomallorca y Mallorca Digital. Proyectos a los que se dedicó una partida de casi medio millón de euros.

Se desvió el dinero
Ninguno de estos proyectos, según intentará demostrar la fiscalía Anticorrupción, se dedicó al destino previsto. La empresa pública Cilma se dedicó a contratar a una serie de personas que, casualmente, todas ellas eran afiliadas o simpatizantes de Unió Mallorquina. Y además, según se demostró durante la investigación, prácticamente ninguno de ellos ni siquiera se acercó a la oficina del consorcio. Trabajaban prácticamente en tareas exclusivas del partido, dedicadas sobre todo a la búsqueda de nuevos votantes o lograr la fidelidad de los afiliados de Unió Mallorquina.

La fiscalía sitúa a Maria Antònia Munar al frente de esta trama para desviar estos fondos públicos. Ella, como presidenta del Consell, firmó los convenios de colaboración que se hicieron con esta empresa pública. Y la fiscalía entiende, al igual que la acusación particular, que debió preocuparse por comprobar si el dinero se destinaba a los proyectos previstos.

La expresidenta del Consell, en su descargo, siempre ha mantenido que ella no conocía esta trama de los llamados "cazavotos" y mucho menos que los sueldos de estos empleados se pagaran con estos fondos públicos, a pesar de que era la presidenta de Unió Mallorquina.

La acusación distribuye los papeles de cada uno de los dirigentes de Unió Mallorquina en esta trama. Varios de ellos se sentarán en el banquillo por presidir en esos momentos departamentos del Consell que también debían distribuir los fondos públicos que recibieron del Consell. Otros, desde puestos clave del partido, fueron los que elegían los nombres de los empleados que se debían contratar e indicaban después las tareas que debían realizar para conseguir fidelizar a los votantes.

La juez ha requerido a todos los acusados que solidariamente presten fianza por la cantidad de 436.952 euros, que es la cifra a la que se eleva el perjuicio económico que sufrió el Consell.

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