Manos Limpias reclamará un total de 8 años de cárcel, el máximo permitido, para la infanta Cristina, a la que atribuye dos delitos contra la Hacienda Pública agravados por el uso de una empresa tapadera, Aizoon. Según el sindicato de funcionarios, la colaboración de doña Cristina fue imprescindible para que su marido, Iñaki Urdangarin, pudiera evadir impuestos.
La acusación popular adelantó la parte más importante de su escrito de acusación, que entregará en el juzgado de instrucción 3 de Palma antes del próximo 9 de diciembre.
Ya se sabía que Virginia López Negrete, letrada de Manos Limpias, iba a formular acusación contra la duquesa de Palma y que iba a apurar al máximo el Código Penal.
Como los hechos ocurrieron entre 2007 y 2009, la acusación popular aplica el Código Penal vigente esos años, que establecía una pena máxima de 4 años de privación de libertad, para los autores de delitos fiscales agravados con el empleo de una sociedad instrumental. El actual Código Penal castiga con hasta 6 años de cárcel la misma conducta, pero siempre se aplica la norma más beneficiosa para el reo. Como los delitos son dos, la pena pedida es de ocho años de cárcel.
Pena inferior
La sala segunda de la Audiencia, en su auto del pasado día 7, apuntó, no obstante, que doña Cristina podía haber perpetrado un delito fiscal de menor gravedad, el tipo básico. El argumento de los magistrados es que Aizoon no fue un recurso para evadir impuestos, si no que se trató del "instrumento mismo y la causa del fraude".
El auto donde se confirmó el encausamiento de la hermana del rey Felipe VI recogía la posibilidad de aplicar a aquella, y de paso a la mujer de Diego Torres, Ana María Tejeiro, una atenuante sobre ese delito básico.
López Negrete comparte las tesis del juez José Castro y de los magistrados de la sección segunda de la Audiencia respecto al papel clave que la Infanta desarrolló, a través de Aizoon (cuya propiedad comparte al 50% con Iñaki Urdangarin), en el fraude fiscal atribuido a su esposo.
"La defraudación que realiza Urdangarin en sus IRPF (declaraciones de la renta) nunca hubiera podido tener lugar sin la decisiva intervención de la persona jurídica Aizoon, y con ella, de sus dos únicos socios al 50%. Es decir, no podía haberse realizado sin la necesaria intervención de la figura de la infanta Cristina", apunta el escrito de acusación.
El texto insiste en que la hija del rey Juan Carlos I jamás mostró su "disidencia" a las actividades irregulares de su marido en Aizoon.
También destaca que los duques de Palma se "repartían temporalmente la presidencia de la entidad" y que "ambos contrataban personal a sabiendas de que los contratados nunca habrían de prestar servicios para la sociedad, en la que se cargaban gastos personales del matrimonio y donde compartían tarjetas de crédito".
"La Infanta Cristina se ha prestado, tanto en su inicio como en su trayectoria posterior, a que su sociedad sirviera de andamiaje imprescindible para la comisión de los delitos fiscales de su esposo", apunta la acusación popular siguiendo argumentos planteados por la Audiencia.
Ella también se lucró
Manos Limpias sostiene que la duquesa se lucró "en su propio beneficio" y también "facilitó los medios para que lo hiciera su marido, mediante la colaboración silenciosa de su 50% del capital social para que llegaran a Aizoon fondos "ilícitamente" desviados desde el Instituto Nóos. "Cristina de Borbón, desde el momento en que era copartícipe de la sociedad ficticia, estaba contribuyendo con su participación en dicha sociedad simulada o mera pantalla a defraudar al fisco, beneficiándose además de ello, ya que el dinero que recibía Aizoon no se quedaba en su cuenta, sino que se disponía del mismo por sus socios sin que tampoco éstos declarasen esos dividendos", afirma Negrete.
