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Tribunales

La juez abre juicio contra Munar por dirigir la asociación ilícita de UM

La fiscalía reclama ocho años de cárcel por organizar a los "cazavotos" a favor del partido - Será excarcelada el próximo 12 de diciembre

Munar saldrá de nuevo de la cárcel el próximo día 12 de diciembre para ir al juzgado.

Munar saldrá de nuevo de la cárcel el próximo día 12 de diciembre para ir al juzgado. b. ramon

Maria Antònia Munar será excarcelada el próximo día 12 de diciembre para que se le comunique que la juez ha decidido que sea de nuevo juzgada. Por tercera vez se sentará en el banquillo de los acusados, que compartirá con otros 17 de sus antiguos compañeros de partido. A ella y a los antiguos dirigentes de Unió Mallorquina se les acusa, entre otros delitos, de asociación ilícita. Es la primera vez que la fiscalía defenderá esta acusación contra dirigentes del desaparecido partido político. Anticorrupción mantiene que los políticos de UM formaron una asociación estable, con reparto de distintas funciones, cuyo único objetivo era el de cometer delitos. Solo por esta acusación, Anticorrupción solicita una pena de tres años de prisión, a los que hay que sumar otros cinco años más por las acusaciones de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Munar se encuentra en estos momentos en la cárcel de Palma, cumpliendo dos condenas firmes que suman once años de prisión. El próximo día 12 de diciembre saldrá de la cárcel y será trasladada por la Policía al juzgado, donde se le comunicará la decisión de que debe afrontar este tercer juicio, cuya fecha aún se desconoce.

La expresidenta de UM tendrá que defenderse en el llamado caso Cilma. La empresa informática que se creó desde el Consell de Mallorca fue utilizada por los dirigentes políticos, según sostiene el fiscal, para desviar fondos públicos a favor de UM. Dinero que procedía de una serie de proyectos financiados por la institución y que se desvió a gastos propios del partido. Fondos que sirvieron, según cree Anticorrupción, para fidelizar el voto de los seguidores del partido o para encontrar nuevos votantes, que asegurarán la presencia de UM en las instituciones.

Sin embargo, Munar no estará sola en el banquillo de los acusados. De hecho, se sentarán los principales dirigentes del partido político, entre los que destacan Miquel Nadal, Catalina Julve, Miquel Angel Flaquer, Mateo Cañellas o Francesc Buils. También se sentarán en el banquillo otros dirigentes como fueron Eugenia Cañellas, María José Rodríguez o José Lliteras. Será el juicio en el que habrá más dirigentes del partido sentados en el banquillo de los acusados.

De esta larga lista de procesados dos de ellos también están en prisión, como son Miquel Nadal y Francesc Buils. Ambos también han sido citados por el juzgado para el día 12 y se les comunicará la decisión de que afrontan otro juicio.

Los dirigentes políticos tendrán que explicar de qué forma se desvió a otros fines el dinero que se destinó a los proyectos Eiel, Informallorca y Mallorca Digital. Fueron proyectos organizados en los años 2005 a 2007.

Con este dinero público, la empresa informática del Consell de Mallorca debía mejorar el contenido de las páginas web. En este periodo de tiempo se ingresó hasta 430.000 euros de fondos públicos, dinero que se dedicó a la contratación de una serie de empleados, que casualmente todos ellos eran afiliados o simpatizantes de Unió Mallorca.

La mayoría de estos trabajadores nunca acudió a trabajar a las oficinas de esta empresa pública del Consell, pero cobraron la nómina todos los meses. Trabajaban en el partido y con el único objetivo de conseguir aumentar el número de votantes para UM, según intentará demostrar el fiscal. Será la Audiencia la que juzgue de nuevo a los dirigentes del partido que desapareció por los numerosos casos de corrupción que arrastraba. No hay todavía fecha para la vista, pero no será antes del próximo verano, dado el número de acusados que serán juzgados.

Munar está en plena fase de negociación con la fiscalía para llegar a un acuerdo. La negociación está en estos momentos en un punto muerto, dada las dificultades que supone llegar a un acuerdo. El pacto no solo afectaría a la expresidenta del Parlament, sino que también alcanzaría a otros imputados de su partido.

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