El Consell de Govern aprobó ayer un nuevo decreto ley de medidas urgentes que en la práctica congela la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, más conocida como ley Montoro (en alusión al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro). La norma este año y generó una amplia contestación por parte de los Ayuntamientos, incluidos muchos gobernados por el PP, que denunciaban que se les quitaban competencias.
Especial polémica provocó el hecho de que la nueva norma del Gobierno central arrebataba la competencia a los consistorios de menos de 20.000 habitantes las en materia de política social, con lo que se dispararon las alarmas ante un probable caos en la prestación de los servicios sociales a partir de mediados del año que viene, cuando expira el plazo impuesto por Montoro para la recentralización competencial.
El Govern Bauzá se suma así al listado de Comunidades Autónomas que han adoptado medidas similares para suspender temporalmente los efectos de la ley Montoro.
El conseller de Administraciones Públicas, José Manuel Lafuente, justificó ayer la necesidad de disponer de una acción normativa que "ofrezca seguridad jurídica" y garantías de mantenimiento de la autonomía local en los términos previstos por el Estatuto de las Illes Balears.
La entrada en vigor de la Ley Montoro "originó diferentes interpretaciones por parte de las administraciones locales", recordó Lafuente, en cuanto a las materias competenciales sobre las que podían prestar servicios públicos a los ciudadanos.
El nuevo decreto ley aprobado ayer por el Ejecutivo de Bauzá "clarifica que las entidades locales de las Illes Balears seguirán ejerciendo tanto las competencias atribuidas por las leyes de la Comunidad Autónoma como las que ya tenían delegadas con anterioridad a la entrada en vigor" de la ley Montoro, explicó el conseller Lafuente. "En este sentido -informó el Govern en un comunicado-, cabe destacar que las competencias propias en materia de participación en la gestión de la atención primaria de la salud e inspección sanitaria; de prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social, así como en materia de educación, como la participación en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria o la cooperación en la obtención de solares para la construcción de nuevos centros docentes, entre otras, continuarán siendo ejercidas por los municipios mientras la Comunidad Autónoma no las asuma de acuerdo a lo establecido en las leyes de financiación autonómica".
Por otra parte, el decreto clarifica el ejercicio de las competencias de los Ayuntamientos distintas a las propias o a las atribuidas por delegación, y que los entes locales podrán ejercer siempre y cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal, y no se incurra en ningún supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra administración pública.
Para ello tendrán que obtener dos informes, el primero de ellos relativo a la inexistencia de duplicidades y un segundo informe se refiere a la sostenibilidad financiera.
