La hostelería y el comercio van a ser los sectores empresariales que se van a poner bajo la lupa de la Inspección de Trabajo de las islas en sus actuaciones contra la economía irregular previstas para 2015, según se anunció ayer desde este organismo y desde la conselleria de Economía, durante la reunión mantenida con patronales y sindicatos. Otro dato se puso sobre la mesa: durante los diez primeros meses de este año se han abierto en el archipiélago 2.005 actas de infracción vinculadas a la economía sumergida, por un valor de 7,9 millones de euros.
Esta información fue facilitada durante la reunión de la comisión tripartita sobre inspección laboral celebrada ayer, en la que además de dar datos sobre las actuaciones desarrolladas durante los diez primeros meses de este ejercicio, se avanzó la propuesta de las campañas de control que se van a ejecutar en 2015.
Respecto a la vigilancia que se va a desarrollar durante el próximo ejercicio, está previsto que se lleven a cabo 19.481 inspecciones, 1.032 más que las fijadas para este año. De éstas, en la lucha contra la economía irregular se desarrollarán a lo largo del año que viene 7.776 actuaciones de inspección, de las que 4.810 serán de carácter planificado. Y en este apartado destaca el peso de la hostelería, principal motor económico de las islas y en el que se han detectado importantes irregularidades en veranos anteriores, como en el caso de la utilización de becarios. Este sector va a concentrar 2.000 de esas inspecciones.
Por detrás de él aparece el comercio, con un fuerte incremento respecto a campañas anteriores hasta situarse en las 900 actuaciones. Hay que poner de relieve que estas dos actividades concentran por si solas más de la mitad de las que están planificadas.
En tercer lugar, con 650 visitas inspectoras, aparece el resto del sector servicios, mientras que en la construcción se desarrollarán 500. Muy por detrás aparecen 150 controles sobre la industria, 40 en agricultura, 50 en transportes, 15 en servicios del hogar y 505 de carácter intersectorial.
Fuertes discrepancias
Un anuncio realizado por el conseller de Economía, Joaquín García, tras las persistentes reivindicaciones en este sentido de los sindicatos, es el esfuerzo que se va a realizar en el control de los contratos a tiempo parcial (aquellos que se desarrollan durante unas pocas horas al día), con el fin de detectar el posible fraude que se pueda estar cometiendo en esta materia.
Pero esta afirmación ha sido inmediatamente contestada por la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT), ya que en la documentación presentada ayer se apunta precisamente lo contrario. A la hora de analizar los controles a realizar en 2015 en materia de Empleo y Relaciones Laborales (apartado en la que se enmarca ese tipo de contrataciones), se afirma textualmente que "no existen campañas novedosas sobre las tradicionalmente actuadas". Es más, las inspecciones planificadas en relación a los tiempos de trabajo para 2015 se limitan a 200 para todo el año (como en 2014), en la línea de los controles que se llevan en los negocios de restauración dedicados a las "bodas, bautizos y comuniones" para detectar a trabajadores irregulares en los refuerzos de fin de semana, un problema que se califica como mucho menos grave. En el apartado de economía irregular se han planificado otras 200 inspecciones sobre este tipo de contratos, frente a las 159 de 2014.
Según la UPIT, esas 400 actuaciones en Balears para el año que vienen son claramente insuficientes, ya que sería necesario desarrollar entre 1.500 y 2.000 inspecciones para hacer frente al problema de los contratos a tiempo parcial en fraude (en los que se obliga al trabajador a realizar más horas que las pocas pactadas) o las prolongaciones ilegales de la jornada laboral, apartados que esta organización, al igual que los sindicatos UGT y CCOO, considera actualmente el problema más grave en el mercado laboral de las islas.
Balance de 2014
Por lo que respecta a la labor desarrollada por la Inspección de Trabajo durante los 10 primeros meses de este año, se han llevado a cabo 16.368 inspecciones.
Gracias a estas actuaciones se han abierto los 2.005 expedientes sancionadores antes señalados en materia de Economía Irregular, Seguridad Social y Trabajo de Extranjeros, con propuestas de sanción por un valor global de 7,9 millones de euros.
En el capítulo de prevención de riesgos laborales, los expedientes sancionadores abiertos en esos diez meses ascienden a 284, con multas por un importe global de 1,5 millones de euros.
Respecto al apartado de Empleo y Relaciones Laborales, las infracciones detectadas han sido 116 y las sanciones propuestas han alcanzado los 842.141 euros. En este capítulo hay que destacar que se ha obligado a transformar 1.914 contratos temporales en indefinidos.
A ello hay que sumar 77 infracciones en otras materias, por un valor de 304.320 euros.
