Cuarenta y ocho horas después de que el Consell de Govern aprobara el decreto-ley que cambia las reglas del juego farmacéutico en Balears y restringe la apertura de nuevas farmacias, un farmacéutico ha presentado una querella criminal por prevaricación administrativa contra todos sus miembros.
El querellante, Tòfol Pons, acudió el lunes ante el juzgado de guardia. Acusa al presidente José Ramón Bauzá y todos sus consellers de haber actuado sin "otro objeto que buscar deliberadamente" su perjuicio "a modo de disposición legal ad hoc". Como querellados incluye al presidente y al conseller de Salud, Martí Sansaloni, pese a que ambos no participaron oficialmente en la votación para no incurrir en incompatibilidad, al ser ambos farmacéuticos.
El denunciante afirma que las nuevas "limitaciones" a la actividad farmacéutica, con la entrada en vigor del decreto-ley, solo obedece a beneficiar los "manifiestos intereses particulares" de Bauzá y Sansaloni.
Pons aduce que él fue quien instó hace años a la autorización de 3 nuevas oficinas de farmacia en la zona farmacéutica de Marratxí y otras 13 en la de Palma. Recuerda que en la primera "es donde el presidente de la Comunidad tiene establecida la farmacia de su propiedad", y que la madre del conseller Sansaloni regenta otra en Palma. En la querella, Pons alega también que tiene interpuesto un contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) por el bloqueo del actual Govern a convocar el concurso para la adjudicación de 42 farmacias en las islas, entre ellas las citadas en Marratxí y Palma.
En enero de este año, a instancias de otro farmacéutico el TSJB ha terminado obligando al Govern a sacar a concurso 4 nuevas farmacias. Por ello, "ante la circunstancia de la más que probable estimación" del contencioso de Pons -que ya solo está pendiente de deliberación y sentencia-, en aplicación de la doctrina fijada por el propio TSJB al respecto, se acusa al Ejecutivo de Bauzá de haber aprobado el nuevo decreto-ley en previsión de recibir un nuevo varapalo judicial que le ordene convocar otro concurso para las 42 farmacias pendientes. Con la nueva norma, el Govern ha anunciado que revisará a la baja el número de farmacias autorizadas pero aún vacantes, frustrando así la pretensión del querellante.
En la denuncia se recalca que la apertura de las tres nuevas boticas en la zona de Marratxí "provocaría objetivamente una apreciable disminución del valor de transmisión de la oficina" de Bauzá, "así como la correspondiente disminución de sus ingresos actuales". En consecuencia, Pons acusa al presidente de, "prevaliéndose de su posición, (...) dar debida satisfacción a sus particulares intereses".
