El intento del Govern de controlar las páginas web que se dedican a alquilar inmuebles a turistas se antoja complejo. En la actualidad hay cientos de puntos de comercialización, entre los que se incluyen plataformas en internet, aplicaciones de móvil (apps) y perfiles en redes sociales, muchos de ellos alojados en el extranjero, incluidos países cuya Justicia no coopera con la española. De ahí que juristas y técnicos crean que la persecución es un camino mucho menos recomendable que la regulación (al estilo catalán, que en un año ha hecho aflorar a la legalidad la mitad de los apartamentos en edificios residenciales, unos 250.000 inmuebles que ayer vivían en negro y hoy pagan impuestos y trabajan tranquilamente). Un barrido por las principales webs da idea de la magnitud de la empresa en la que se embarca el Govern con su "registro vivo" de canales de alquiler turístico: solo en las 25 webs de arrendamiento más populares, Diario de Mallorca encontró cerca de 11.000 pisos.
La estimación es que podría haber hasta 50.000 inmuebles hoy por hoy abocados por el Govern a la clandestinidad, como denuncian tanto los propietarios como destacados juristas independientes de la Universidad balear.
