El nuevo decreto-ley aprobado ayer cambia las reglas del juego farmacéutico de Balears en medio de una partida que el Govern temía perder en breve. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) está a punto de resolver un contencioso-administrativo que, vistos los antecedentes, le podría obligar a sacar a concurso 42 nuevas oficinas de farmacia ya autorizadas, pero que el PP lleva toda la legislatura bloqueando, con el beneplácito del Colegio Oficial de Farmacéuticos.

El Govern ya se ha visto forzado hace escasas semanas a convocar un concurso para adjudicar 4 nuevas oficinas de farmacia, tras una sentencia y varios autos en contra del TSJB. En previsión de que los mismos magistrados fallen próximamente en idéntico sentido, el Ejecutivo del PP ha decidido blindarse. Si finalmente la Justicia falla de nuevo en su contra, se asegura no tener que proceder a adjudicar las 42 oficinas de farmacia pendientes, porque desde ayer hay una nueva normativa que le permite revisar ese número a la baja y además fija nuevos criterios para la apertura de boticas en la Comunidad.

En cierto modo, el Govern de José Ramón Bauzá repite la estrategia de cuando el Tribunal Superior le tumbó por vez primera el Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL); entonces Bauzá sorteó la sentencia aprobando esa misma mañana un decreto-ley que aseguraba la inmediata aplicación del polémico trilingüismo en las aulas. En esta ocasión, el presidente no ha esperado a que haya sentencia; se ha adelantado para curarse en salud ante otro probable varapalo judicial en materia farmacéutica.

El conseller de Salud, Martí Sansaloni, fue muy claro ayer cuando explicó que el nuevo decreto ley dispone que las oficinas de farmacia autorizadas y vacantes hasta su entrada en vigor serán revisadas conforme a los nuevos criterios de planificación. En consecuencia, sacará a concurso menos farmacias que las autorizadas en la actualidad, si bien se compromete a adjudicar un gran número de las mismas.

El farmacéutico menorquín Tòfol Pons, que es quien ha demandado al Ejecutivo ante el TSJB por el freno a las citadas 42 farmacias, muestra su indignación y tacha de "burla" este nuevo decreto-ley del Govern, que "se ha hecho ad hoc con el único objetivo de no acatar la sentencia" a punto de fallarse.

"La urgencia era que iban a perder"

Pons dice estar harto de que "este Govern pisotee el derecho a que se abran todas las farmacias que ya están autorizadas en las islas", y se pregunta: "¿Qué urgencia había para a seis meses de las elecciones modificar por la vía del decreto-ley, que debe ser una medida excepcional, la actual ley de Ordenación Farmacéutica de 1998,? ¿Me lo quieren explicar estos señores?", alude al presidente Bauzá y al conseller Sansaloni.

Pons también se responde: "La única urgencia es que sabían que iban a perder, y por eso han actuado así, es una vergüenza, actuar con esta prepotencia".

El farmacéutico afirma que no piensa quedarse de brazos cruzados, y anuncia que ya ha dado orden a su abogado para que interponga una querella criminal "contra todos los consellers que han aprobado este decreto-ley, porque han prevaricado al aprobar una norma solo para saltarse una resolución judicial".

Pons acusará al Ejecutivo de Bauzá de haber urdido una trama para ocultar intencionadamente documentos de la conselleria de Salud con la sola intención de demorar la resolución de su contencioso. La Conselleria ha aducido ante el TSJB que ha extraviado la solicitud que en su día registró el farmacéutico menorquín reclamando la convocatoria del concurso para las farmacias ya autorizadas. El Tribunal Superior ha dado como máximo hasta el miércoles que viene para que el Govern conteste a la demanda y entrar en deliberación. Pons denuncia que el Ejecutivo del PP ha apurado los plazos a conciencia, ganando tiempo para redactar y aprobar el decreto-ley y que éste entre en vigor justo antes de que una posible sentencia adversa le obligara a adjudicar las 42 farmacias con la normativa y los criterios vigentes hasta ahora.

Entre los querellados no estarán Bauzá ni Sansaloni, que se abstuvieron de participar en la votación porque ambos tienen intereses en el sector, el presidente por su farmacia en Marratxí y Sansaloni por otra en Palma que regenta su familia. Aunn así, contra Bauzá y Sansaloni sí pesa otra querella también presentada por Tòfol Pons, en este caso por prevaricación en el bloqueo de las farmacias a lo largo de la presente legislatura. El juez instructor decretó el archivo de la misma, pero el farmacéutico ha recurrido ante la Audiencia de Palma reclamando que siga adelante. El próximo 5 de febrero este tribunal deliberará al respecto.