El turismo de alquiler vacacional está moviendo cientos de millones al año que, forzosamente, transitan a la sombra de la legislación. Esas son dos de las conclusiones que alumbró ayer una sesión intensiva en la Universidad de les Illes Balears sobre el fenómeno viajero que está provocando un cambio en el modelo turístico tan vertiginoso como profundo.
Pero vamos por partes, como los expertos que ayer se citaban ante un aforo repleto, prueba inequívoca, según el rector, del interés social que despierta el debate sobre el alquiler de pisos a turistas. Primer factor a analizar, el dinero, causa y consecuencia de un negocio muy lucrativo, como exponía el profesor Macià Bláquez, que ofrecía un dato: en 2013 entraron en Balears 800 millones de euros de inversión extranjera, un 80% de ellos a través de grandes aseguradoras y fondos de capital riesgo. ¿Por qué? Pues la hipótesis de Blázquez es que gran parte de este dinero está acudiendo a la compra del excedente de viviendas que dejó la burbuja inmobiliaria, con el objetivo de utilizarlas para obtener rendimiento vía alquiler turístico. Es decir, la burbuja inmobiliaria se estaría digiriendo en gran medida a través de una burbuja turística (algo que también sostienen los hoteleros, que una vez que se han asegurado sus camas en décadas de urbanismo salvaje en el litoral plantean que ya no haya más oferta nueva compitiendo).
¿40.000 pisos de alquiler?
Pero hay más, que no es solo el dinero que llega, también el que se genera para los ciudadanos de las islas que arriendan pisos a viajeros. ¿Cuántos son? Miles, decenas de miles. La cifra es una incógnita, aunque desde la Federación de Apartamentos Turísticos se apunta a más de 40.000 inmuebles. Y, si se suman las plazas regladas (unas 10.000, como las ya autorizadas en chalets y casas) a las que se comercializan periclitando la ley que las proscribe sin darles otra salida que el mercado negro, la cifra se iría por encima de las 70.000. Con ellas se estaría atendiendo la demanda del 26% de los viajeros que llegan a Balears que, según la federación de alquiler, se irían en gran proporción a otro destino si aquí no hubiera oferta de arrendamiento .
Así que el alquiler atrae dinero de grandes inversores especulativos, aunque también lo distribuye entre decenas de miles de propietarios que han encontrado en el alquiler una forma de sacar partida del negocio turístico. A partir de ahí el debate llegaba a la segunda gran conclusión: esas ingentes cantidades de dinero movidas por el alquiler forzosamente transita al margen de la ley. La clave está en "forzosamente". De ello hablaba el coordinador de la sesión de ayer, el profesor de Derecho Juan Franch Fluxá, que subrayaba que "el mercado va más rápido que las leyes, para concluir que "lamentablemente por la vía turística no se pueden alquilar los pisos". Lamentablemente, decía Fluxá, porque la normativa balear "ha sumido un negocio muy lucrativo en la inseguridad jurídica". Detallaba para explicarlo las lagunas de la Ley de Arrendamientos Turísticos (LAU), que en su opinión no da cabida al alquiler turístico (aunque sea utilizada por el Govern y su conseller de Turismo, Jaime Martínez, ayer presente, para asegurar que en Balears todo se puede alquilar). El marco para arrendar a turistas quedaría circunscrito solo a la Ley Turística de Balears (8/2012), que en lo que se refiere a pisos ubicados en edificios residenciales lleva a un absurdo desnudado por el profesor de Derecho de la UiB: "Resulta que no pueden inscribirse en el registro de Turismo, porque la legislación ni los contempla como opción. Y ese es el gran problema: la huida a esa falta de reconocimiento ha sido acudir a la LAU y al contrato de temporal, no pensado para turistas", criticaba Fluxá, que describía cómo la ley turística balear aumenta el enredo. "El conseller Delgado [el primer responsable de Turismo de Bauzá, ya destituido, aunque ayer su sucesor, Martínez, dijo lo mismo] llegó a decir que los propietarios podrían alquilar a turistas a través de la LAU y sin acudir a canales de promoción turística. (...) Nos encontramos en situación surrealista: quiero alquilar a turistas y la ley me impone evitar los canales turísticos". En resumen, se impide de facto a los propietarios alquilar legalmente y abonar impuestos por ello, pero luego se les tilda de ilegales, se les acusa de practicar la competencia desleal por no pagar los tributos que no les dejan pagar y se les engloba en una economía sumergida de la que no se les permite salir.
"Balears ha de cambiar la ley"
En esta tesitura, tanto Fluxa como José Francisco Rivas Conrado, otro de los ponentes, aconsejan al Govern que aproveche el reglamento de la Ley Turística (ahora en fase de redacción) para modificar una situación que aboca al mercado negro más de 40.000 pisos en edificios residenciales, que igualmente se están alquilando a turistas. "La ley tiene que ser modificada porque no hay otro remedio. No se trata de crear nueva oferta, sino de regularizar la existente", abundaba Rivas Conrado.
Fluxá desmontaba las razonas que se dan para no regular este tipo de pisos. "Se alude a casos como la de los turistas borrachos de la Barcelona y similares, pero son meras excusas. Hay mecanismos para regular la convivencia y la seguridad. Si consideras un piso turístico la ley puede imponer deberes al turista, se puede sancionar al que va bebido o al que desde el balcón tira objetos. También se habla de falta de protección del consumidor, pero ya hay mecanismos para protegerlo, y se pueden reforzar. Y se apela a los problemas en las relaciones dentro de la comunidad de vecinos, pero también sobre esto hay sentencias". Técnicos y juristas prefieren así la luz de una legislación clara a la clandestinidad de un negocio multimillonario que hoy se hace al margen de la ley.
