­El fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, ha decidido finalmente renunciar a la posibilidad de presentar un recurso contra el auto dictado por la Audiencia, iniciativa que se planteó al no estar conforme con el resultado de la resolución judicial. Al margen de las dudas sobre si podía o no presentar un recurso contra esta decisión del tribunal, el fiscal ha valorado las pocas posibilidades de que su propuesta fuera aceptada. El recurso se iba a plantear ante los tres mismos magistrados que han decidido confirmar la imputación de la Infanta como cooperadora de dos delitos fiscales. Es complicado que con un solo escrito, que en este caso hubiera sido elaborado por el fiscal Horrach, provocara un cambio de criterio del tribunal, sobre todo teniendo en cuenta que su decisión se adoptó hace apenas una semana.

Por tanto, ante la renuncia al recurso, Anticorrupción asume que la infanta Cristina tendrá que sentarse en el banquillo. No cree Horrach que el juez Castro aplique la llamada doctrina Botín, que es el único impedimento legal que evitaría que la hermana del Rey fuera juzgada por este doble delito fiscal. No sería lógico que el juez, una vez que ha llegado tan lejos, ahora cambiara de criterio y apartara a la Infanta del caso. La Audiencia dejó en manos del juez la posibilidad de que aplicara dicha doctrina. En el caso hipotético de que llo hiciera (y no lo parece), con toda seguridad el sindicato Manos Limpias presentará un recurso ante la Audiencia, lo que supondría que el caso se prolongaría en el tiempo y retrasaría la celebración del juicio. Si no la aplica no cabe recurso y, por tanto, la duquesa de Palma se sentará en el banquillo. Sus abogados, con toda seguridad, cuestionarán al inicio de la vista que la Infanta se siente en el banquillo cuando únicamente la acusación la ejerce la acusación popular, cuando teóricamente el delito fiscal no le produce ningún perjuicio directo. El fiscal y la abogacía del Estado ya han anunciado que no piensan cambiar de criterio y, por tanto, no tienen ninguna intención de acusar a la Infanta.

La resolución dictada por la Audiencia, que aumenta el número de imputados, no afecta sustancialmente al escrito de acusación que está ultimando la fiscalía Anticorrupción. El juez Castro y el fiscal Horrach coincidían en los nombres de los imputados sobre los que se iba a ejercer la acusación, por lo que muchos de los personajes que fueron citados a declarar en el proceso de instrucción, finalmente fueron exculpados. Sin embargo, la Audiencia ha añadido cuatro nombres más a la larga lista de imputados, lo que aumenta hasta 20 las personas que finalmente se sentarán en el banco de los acusados.

En principio, Horrach no consumirá el plazo de diez días que le ha otorgado el juez Castro para presentar el escrito de acusación. Lleva meses perfilando el documento, que podría variar en un futuro si se producen nuevos acuerdos con algunos de los imputados que están dispuestos a negociar. De hecho, hay varios antiguos altos cargos del Govern, que tendrían un papel secundario en la trama, que quieren llegar al juicio con el acuerdo ya firmado, sobre todo para evitar sorpresas desagradables que les podría llevar a la cárcel.

El fiscal responsabilizará de toda la trama Nóos a los dos directivos que dirigían este instituto teóricamente sin ánimo de lucro, que son Iñaki Urdangarin y Diego Torres. A ambos les acusará de un rosario de delitos que podrían conllevar penas de hasta 15 años de prisión, según calculan fuentes jurídicas. Al resto de acusados les situará en un papel inferior dentro de la trama económica, ya que muchos de ellos siguieron las indicaciones, tanto de Urdangarin como de Torres, o de los mandatarios políticos.

En cuanto al papel de la Infanta en la trama Nóos, y sobre todo en relación a la sociedad Aizoon, que comparte a medias con su esposo, la fiscalía no tiene previsto cambiar de criterio. Horrach se une al argumento que han defendido los inspectores tributarios de Barcelona, que sostienen que la duquesa de Palma no cometió ningún delito fiscal. Los funcionarios mantienen que Hacienda únicamente responsabiliza de las irregularidades tributarias al administrador de la sociedad, no así al socio de la empresa. Sin embargo, antes el juez Castro y ahora la Audiencia, rechazan este argumento de la Agencia Tributaria, en el sentido de que consideran que sin la intervención de la Infanta, al ser socia y en ocasiones formalmente administradora de la sociedad, su marido no habría podido cometer los delitos fiscales que le atribuyen. Hacienda responsabiliza a Urdangarin de tributar los ingresos que obtenía como consejero de una serie de empresas a través de Aizoon, cuando debió hacerlo a través de IRPF. La diferencia de declarar estos ingresos de una forma u otra supera la cifra de infracción tributaria para pasar a delito fiscal.