La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha amenazado a la conselleria de Educación, Cultura y Universidades con denunciarla por desobediencia ante la Fiscalía si continúa ignorando sus requerimientos de información sobre la aplicación del Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) y sobre la huelga que paralizó el sistema educativo el curso pasado.
Así lo difundió ayer la federación de asociaciones de padres de alumnos FAPA, quien ha llamado varias veces a la puerta de Becerril en lo que llevamos de legislatura para explicarle la situación de la educación en Balears.
Vicente Rodrigo, presidente de la federación, subrayó que la Defensora del Pueblo ha escrito de su puño y letra una frase al final de la misiva instando a Núria Riera a reaccionar: "Consellera, espero con interés la información", señala Becerril antes concluir la carta que su departamento ha remitido con dirección a la calle Alfons el Magnànim número 29 , con fecha de salida del 7 de noviembre.
La Defensora del Pueblo recuerda a la sucesora de Joana Maria Camps que es el tercer requerimiento que le hace llegar y que aún no ha obtenido ninguna respuesta. Becerril indica que el pasado 14 de febrero, con Camps aún en su puesto, solicitó información adicional a la que la que Conselleria aportó ante la queja de la federación de APAs.
No obtuvo respuesta y el 30 de abril volvió a enviar un requerimiento. El 3 de julio seguía sin tener noticias y emitió un nuevo requerimiento. Además, personal de su oficina realizó varias "gestiones telefónicas e informales para conocer las razones de la falta de colaboración, que tampoco han dado resultado", lamenta Soledad Becerril en su misiva.
La Defensora del Pueblo recuerda a Riera que la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo establece que es un deber de las autoridades y funcionarios atender "con carácter preferente y urgente" las peticiones de información y aprovecha el requerimiento para preguntar además cómo han afectado las recientes resoluciones judiciales contra el TIL a la implantación del trilingüismo.
A continuación, Becerril se muestra contundente sobre las posibles consecuencias si Educación persiste en su actitud: "Se dará cuenta al fiscal general del Estado para que valore si es de aplicación el artículo 502.2. del Código Penal", que tipifica la desobediencia de autoridades y funcionarios al Defensor del Pueblo y otras instituciones similares.
Rodrigo consideró que la Defensora del Pueblo "certifica que no hay voluntad de colaboración por parte de la conselleria de Educación", que a su entender demuestra de esta manera su "más absoluto desprecio hacia las instituciones que permiten la participación ciudadana y democrática". Añade: "Se confirma nuestra percepción de que la actual Conselleria ha rebajado el grado del conflicto por la proximidad de las elecciones, pero en el fondo no hay actitud de cambio".
