El Govern ha decidido rectificar la modificación de la ley que regula el Consell Consultiu y permitirá que el alto órgano jurídico tenga 40 días para emitir sus dictámenes y no 15 como quería imponer el Ejecutivo. Después de un duro y contundente dictamen, donde entre otras cosas el Consultiu acusaba al Govern de “cercenar” su labor de control jurídico, el Ejecutivo del PP ha dado marcha atrás. Sin embargo, señalan fuentes de la conselleria de Hacienda, el Govern no admite que el ente consultivo vuelva a pronunciarse sobre el anteproyecto para fusionar diversas leyes y normativas porque “no se innova, solo se refunde”.

El Consell Consultiu emitió un duro dictamen -adelantado por Diario de Mallorca- donde acusaba al Govern de esquilmar su función de control de la legalidad vigente. El informe era sobre el anteproyecto de Ley de Racionalización y Simplificación del Ordenamiento Legal que impulsa el Govern con el objetivo de fusionar varias leyes, derogar otras y refundir más de 200 reglamentos. En este entramado normativo el Ejecutivo de José Ramón Bauzá aprovechaba para introducir algunos recortes a las funciones del Consultiu.

Por ejemplo, le exigía que emitiera los dictámenes en 15 días en vez de 40. En este apartado los juristas del órgano consultivo, incluso los nombrados por el PP, acusaban al Govern de “cercenar” sus funciones e impedir la ponderación de las normas. Asimismo, les recriminaban que el objetivo del Ejecutivo era la de evitar el filtro del órgano jurídico. De igual modo, criticaron que la Comunidad Autónoma les quite la posibilidad de pronunciarse con nuevos dictámenes sobre el conjunto de leyes y decretos que pretende fusionar.

Fuentes del Govern señalaron a este periódico que no les ha molestado el duro dictamen del Consell Consultiu y apuntan que son “matices” que se observan de forma diferente. “Entendemos -apuntaron desde Hacienda, departamento que coordina la fusión de normativa- que pueden tener razón con el tiempo para emitir el dictamen y se dejará como está ahora: 40 días para los informes ordinarios y 15 para los urgentes. No obstante, creemos que no podemos aceptar la otra sugerencia que hacen los juristas sobre la emisión de nuevos dictámenes para las leyes y decretos refundidos”. Desde el Ejecutivo añadieron que “no se innova ni se introducen nuevos reglamentos, solo se refunden y fusionan normas existentes que todas ellas ya han pasado por el Consell Consultiu”. Hay que recordar que los dictámenes del Consultiu son preceptivos para la aprobación de la normativa autonómica, pero no son vinculantes. Por otra parte, el órgano jurídico también acusaba al Govern de no dar audiencia a los consells insular en la fusión de normativa que afecta a las instituciones insulares. En este apartado, el Govern tampoco acepta las recriminaciones de los juristas: “Entendemos que los consells han recibido la información necesaria de las leyes y decretos que se fusionan o derogan porque son miembros de la Federación de Entidades Locales de Balears (FELIB), entidad que sí se la ha dado audiencia.

Los 10 juristas de reconocido prestigio también se quejaron de que no les hubieran informado sobre la modificación de la ley que regula su funcionamiento. No obstante, desde los servicios jurídicos del Govern consideran que “no era necesario, ya que el órgano de consulta tenía que emitir un dictamen al respecto”.

Donde dan la razón al Consultiu es en la paralización de la fusión de normas de carácter municipal, ya que existe nueva normativa estatal como les recordaron los letrados del ente jurídico. Tal y como adelantó este periódico, las relaciones entre Consultiu y Govern no son fluidas. Prueba de ello es que el presidente del órgano jurídico ha tenido que recordar en varias ocasiones al president Bauzá que no les pida “dictámenes a la carta”.