La resolución comunicada ayer por los tres jueces de la Audiencia (esta vez ninguno de ellos ha discrepado de sus compañeros) sienta las bases del futuro juicio sobre el llamado caso Nóos. Será, sin duda, el proceso judicial más trascendente que se ha celebrado jamás en Mallorca, no solo por la importancia de los acusados, sino por los hechos sobre los que tendrán que pronunciarse los jueces.
Aunque inicialmente el juez Castro pretendió sentar en el banquillo a 14 de los imputados, la Audiencia aumenta esta lista. Serán finalmente 20 las personas que serán juzgadas por su intervención en la trama Nóos, entre ellos familiares del Rey, destacados políticos y altos cargos.
Aunque ella no fue la ideóloga de la trama, sin duda los focos se centrarán en la figura de la infanta Cristina, que tendrá que responder como cooperadora de dos delitos fiscales. Tiene a su favor que únicamente la acusa el sindicato Manos Limpias, no así el fiscal Horrach ni la abogacía del Govern.
Salvo que el juez Castro cambie inesperadamente de criterio, la hermana del Rey pasará muchos días y muchas horas sentada frente a un tribunal de justicia y se convertirá en la primera persona que pertenece a la Familia Real que afronta un juicio penal.
Aunque la responsabilidad penal de la Infanta suscitaba muchas dudas, debido a la discrepancia entre el fiscal Horrach y el juez Castro, nadie cuestionaba que Iñaki Urdangarin sí iba a ser juzgado. El magistrado Diego Gómez Reino, autor de esta resolución, le dedica toda clase de críticas a su actuación al frente del instituto Nóos y le acusa de haber cometido una serie de delitos que no se habrían podido llevar a cabo si no hubiera sido por que se trata del yerno del Rey. Urdangarin se enfrentará a una petición de cárcel que puede rondar los 15 años, como calculan las acusaciones, además de una responsabilidad económica de unos nueve millones de euros. De momento, no ha devuelto ni un solo euro del dinero que presuntamente malversó.
Urdangarin volverá a encontrarse, esta vez en el banquillo, con su antiguo socio, con el que mantiene ahora una profunda enemistad. La Audiencia sitúa a Diego Torres en el mismo grado de responsabilidad en la trama que a Urdangarin, aunque ambos con papeles distintos. Mientras el duque de Palma era el conseguidor de los contratos con las instituciones públicas gracias a su condición de yerno real, Torres era quién ejecutaba los proyectos y después desviaba los beneficios a través de sociedades pantallas.
La Audiencia ha abortado el objetivo principal de Diego Torres de conseguir apartar a su mujer de todo este escándalo, asumiendo él toda la culpa. La Audiencia considera que Ana María Tejeiro debe ser juzgada y, además, por más delitos incluso que los que consideró el juez Castro. Al igual que a Urdangarin y a Torres, a la mujer se le añade el delito de blanqueo de capitales, como defendía la abogada de Manos Limpias.
Jaume Matas también tendrá un papel destacado en este banquillo y será juzgado por ordenar la contratación irregular de Urdangarin, que le convenció jugando al paddel en Marivent. La Audiencia es muy severa con la actitud del expresident, al que responsabiliza de saltarse todos los procedimientos administrativos para justificar la contratación del yerno del Rey y utilizar fórmulas contractuales para camuflar que el dinero que se pagó a Urdangarin fue a fondo perdido, porque el Govern nunca pidió al marido de la Infanta que rindiera cuentas.
El recurso que planteó la acusación popular ha logrado también que se incluya en la lista de imputados a un destacado político de Valencia, que fue apartado por el juez. Se trata de Alfonso Grau, el histórico vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia y persona de máxima proximidad a la alcaldesa Rita Barberá. Grau participó en la contratación directa de Urdangarin, como después se repetiría en Balears, para que organizara los foros financiados con dinero público, que después se desvió a bolsillos privados.
Más implicados
También considera el tribunal que se debe juzgar a otros personajes de la trama que fueron apartados del proceso por el juez Castro. Uno de ellos es Salvador Trinxet, el abogado catalán que ayudó a montar la trama extranjera, con la que Urdangarin y sus socios desviaron el dinero que se ganó a través del instituto Nóos. Los otros dos nombres que se añaden a esta larga lista de imputados son Miguel de la Villa Polo y Gerardo Corral Cuadrado, altos cargos de Madrid 16, por la contratación irregular del yerno del Rey para que se aprovechara de su influencia con los miembros del COI, para que votaran a favor del proyecto olímpico, aunque con poco éxito. A pesar del resultado negativo, Urdangarin, a través de la fundación que creó tras abandonar formalmente el instituto Nóos, cobró 6.000 euros al mes.
Quien también tendrá que responder ante el tribunal por esta contratación de Urdangarin es Mercedes Coghen, la exdeportista olímpica que dirigió la candidatura de Madrid 16.
Otros dos de los imputados que finalmente serán juzgados son los hermanos Miguel y Marcos Tejeiro, el asesor fiscal y el contable de Nóos. Éste último ya ha alcanzado un acuerdo con el fiscal, a cambio de que desvele todos los detalles de esta trama, culpando lógicamente a Urdangarin y a Torres. No se descarta que su hermano Miguel pueda sumarse a este acuerdo con la fiscalía.
El resto del banquillo lo ocuparán otros altos cargos del Govern de Valencia y Balears, como Pepote Ballester, Juan Carlos Alía, Miguel Bonet y Gonzalo Bernal.
