La Federación de Asociaciones de Padres (FAPA) y la Apima del CEIP Melcior Rosselló de Santa Maria han denunciado hoy la agresión que un alumno discapacitado de este centro educativo sufrió el curso pasado por parte de un auxiliar técnico educativo (ATE) que estaba a su cargo.

"Queremos poner en conocimiento de la opinión pública la inoperancia de la Conselleria de Educación ante la agresión sufrida" por el menor, afirma la FAPA en un comunicado conjunto con la Apima y la familia del niño.

Agresión frente a sus compañeros

La agresión se produjo el 24 de febrero de este año en la clase de inglés de infantil y en presencia de sus compañeros de clase y de la profesora cuando, según relata la FAPA en el comunicado, el ATE "perdió los nervios": "Primero sacudió al niño para obligarle a coger un lápiz del suelo y luego le pegó un golpe fuerte en la cabeza con la mano", afirma. La profesora de inglés informó inmediatamente de la agresión a la dirección del centro y al día siguiente la escuela envió al Departamento de Inspección Educativa una comunicación explicando los hechos y reorganizó provisionalmente los turnos para evitar que el alumno coincidiese con este ATE.

Previamente a la agresión, la tutora ya habían detectado que el trato del ATE con el alumno no era el adecuado y en el mes de noviembre, junto con el equipo de apoyo, emitió un informe en el que ya explicaba que era "muy brusco con el niño".

Hasta el 17 de junio, Inspección Educativa no envió un instructor al centro que tomó declaración a la profesora que había sido testigo de la agresión, al ATE y a otros profesionales. Fue en ese momento que se informó a la madre del alumno la agresión ocurrida el 24 de febrero.

La FAPA relata también que "para sorpresa de todos, a principio del curso 2014-15, la Conselleria de Educación envió al mismo ATE" al centro, lo que motivó la movilización de la dirección, la familia y las asociaciones de padres ante la Conselleria y la Defensora del Menor, que se plantea llevar el caso a la Fiscalía, indica la agrupación de asociaciones.

FAPA informó directamente del caso a la nueva consellera de Educación, Núria Riera, "en vista de la nula capacidad resolutiva" de su departamento frente a este caso, pero la situación sigue estancada, por lo que ha optado por la denuncia pública para provocar una respuesta de la administración responsable.