El Consell lleva pagados 14 millones de más por el peaje de la carretera de Manacor

Este desfase constituiría un nuevo escándalo en torno a las obras de la carretera, salpicada por la corrupción en un caso a punto de ir a juicio. Los mallorquines deben soportar su coste indirectamente vía impuestos durante los próximos 28 años. Es lo que se llama el ‘peaje en la sombra’, y que finaliza en el año 2042.

Un documento interno del Consell al que ha tenido acceso DIARIO de MALLORCA ha detectado que la institución lleva 6 años como mínimo pagando mucho más dinero del debido a las empresas que explotan la carretera.

El contundente informe acusa a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Electro Hidráulica SA, Obras y Pavimentos Man SA, MAB SA, AGLOMSA, SACYR SA, Melchor Mascaró SA e Itínere Infraestructuras SA de llevar a cabo una “estrategia” consistente en “enmascarar hechos” y “manipular datos” sobre la inversión ejecutada y su explotación. Ello provoca que “la sociedad concesionaria obtenga ingresos y rentabilidades reales esperadas muy superiores a los que realmente le corresponderían”, denuncia.

Pese a esta diferencia millonaria a favor del Consell, la UTE periódicamente alega que sufre pérdidas económicas por el descenso del volumen de tráfico que circula por la carretera. En su última reclamación, solicita a la institución insular que le apruebe una nueva subida del 37,7% en la tarifa.

El gobierno del PP ha denegado por silencio administrativo este incremento a la UTE, motivo por el que ésta ha interpuesto en el juzgado un contencioso-administrativo pendiente de resolución. A día de hoy el Consell no ha reclamado formalmente a la concesionaria la devolución de los 14 millones, y el sobreprecio -que supone una media anual de dos millones de euros de más- sigue acumulándose día tras día.

El dictamen, redactado por un funcionario del departamento insular de Urbanismo, desglosa las cantidades ya abonadas a la concesionaria por parte del Consell entre 2007 y 2012, que ascienden a 49 millones de euros en total. También calcula que en realidad solo deberían haberse pagado 36,6 millones de euros en esos seis años. Por este motivo, “se habrían producido unos ingresos indebidos por parte de la sociedad concesionaria por un importe de 12.352.878 euros”, lo que sumado al IVA dispararía “el perjuicio sufrido por el Consell de Mallorca a los 14.465.712 euros”.

Según el informe con sello de la institución insular, el canon anual tendría que haber sido de 6,3 millones de media en lugar de los 8,4 millones que el Consell lleva abonando (2,1 millones al año de más). El ‘sobrepago’ durante 2013 y 2014 aún está sin cuantificar.

El dictamen propone no solo desestimar la solicitud de revisar al alza la tarifa, como exige la Unión Temporal de Empresas (UTE), sino que además denuncia que al canon vigente desde 2008 “se le tendría que aplicar una reducción del -24,7% y no un incremento del 37,7% propuesto”.

El pormenorizado estudio se basa en las revelaciones del peritaje judicial encargado por la juez que investiga la corrupción en la construcción de la carretera. El informe oficial del Consell recuerda que el peritaje destapó que la inversión que la UTE dice haber hecho es muy inferior a la realmente ejecutada. En consecuencia, concluye que el canon para aplicar el ‘peaje a la sombra’ está inflado y proporciona ingresos irregulares a la concesionaria.

Anular las dos subidas anteriores

Otra de las conclusiones plasmadas en el informe es que las dos anteriores revisiones de precios al alza, acordadas por el Consell en 2004 y 2008, “serían nulas de pleno derecho”. Por todo ello, advierte de que las condiciones económicas de la concesión deben reconvertirse a la baja (un 24,77 por ciento menos).

También, apuntan, habría que acortar el periodo de concesión hasta el año 2037 (en la subida tarifaria de 2008 se aprobó alargarla cinco años más, hasta 2042, lo que revertiría en un beneficio aún mayor para la concesionaria).

El desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor (Ma-15) se adjudicó el 3 de mayo de 2004 a las empresas de la mencionada UTE, que también son las encargadas de su explotación.

La concesionaria utiliza la fórmula del llamado ‘peaje en la sombra’, consistente en cobrar al Consell por la utilización de las obras realizadas, en lugar de hacerlo directamente a los conductores. La institución insular debe abonar un canon por cada vehículo que transita por la carretera, que se establece en función de la inversión inicial realizada. Esta tarifa es susceptible de revisarse al alza cuando la concesionaria demuestra con los datos de los medidores que el volumen de tráfico se sitúa por debajo del 85% de los parámetros aprobados en la licitación. Es lo que ha ocurrido ahora de nuevo.

En su día, la UTE valoró que el coste global de la construcción de la carretera y su puesta en marcha más intereses le supuso unos 144 millones de euros. Tras estallar el escándalo de corrupción, el perito judicial se ratificó en que la valoración de la obra ejecutada que esgrime la UTE “no es un fiel reflejo de lo que realmente se construyó en la mayoría de capítulos analizados”. El peritaje ya alertaba de un “perjuicio” millonario para el Consell, “que ha ido aumentando con el paso del tiempo ya que el sistema de concesión tiene como pilar fundamental el coste de las obras realizadas”, añadía.

Para atender la nueva petición de la concesionaria de subirle las tarifas un 37%, los servicios técnicos del Consell han tenido en cuenta las irregularidades en las obras y recalculado la inversión final en la carretera, que cifran en 95,5 millones. Es decir, 48,5 millones de euros menos de lo afirmado por la concesionaria.

Al ser la inversión real ejecutada muy inferior a la que aparece en los papeles, “desaparecen las causas que motivaron” los dos restablecimientos del equilibrio económico financiero de 2004 y 2008, determinan. El informe subraya que debe tumbarse la propuesta de la UTE de subida del 37%, y bajar las tarifas un -24% de ahora en adelante.