El Tribunal Constitucional critica al juzgado de primera instancia e instrucción de Maó por no agotar todos los medios posibles para localizar a una persona, demandada por no pagar un préstamo hipotecario.

El Alto Tribunal apunta a que el juzgado, sabiendo que el afectado podía vivir en Majahonda, no acudió al censo de esa población para localizarlo.

Tampoco pidió ayuda a la Policía, ni hizo gestiones en la Tesorería General de la Seguridad Social de cara a su localización. Otra posible fuente de información serían los propios archivos judiciales.

El Constitucional también censura el hecho de que el juzgado no preguntara al banco demandante si le constaba otro domicilio del deudor, dado que el primero facilitado había resultado fallido. La sentencia echa así mismo en cara al juzgado el no haber decretado la nulidad del desahucio y subasta cuando el interesado le comunicó que no había sido informado del proceso.