La Audiencia de Palma juzgará la próxima semana a la denominada mafia del juego, compuesta por tres importantes empresarios de este sector en Mallorca que supuestamente actuaban en connivencia con un veterano funcionario de la conselleria de Interior. La fiscalía reclama elevadas penas de prisión, que suman hasta 39 años. Las condenas van desde los tres hasta los doce años de cárcel, dependiendo del nivel de implicación en la trama de cada uno de los acusados. Los hechos fueron denunciados por Ana Zatcher, antigua jefe de juego del Govern, que puso en conocimiento de las autoridades las irregularidades descubiertas.

Esta presunta trama la encabeza un funcionario de esta unidad que controlaba las actividades del juego. Se trata de un auxiliar administrativo que trabajaba en el negociado de máquinas de juego. Su responsabilidad se centraba en tramitar los permisos para instalar nuevas máquinas. Ningún empresario puede instalar una máquina tragaperras sin contar con la correspondiente autorización y, además, ha de pagar las correspondientes tasas a la administración. Toda esta tramitación está regulada a través de un Real Decreto que data del año 1990.

Según el escrito de acusación de la fiscalía, que será valorado por el tribunal, los tres empresarios del sector del juego se aprovechaban de la amistad que mantenían con este funcionario. Y gracias a esta relación, el trabajador público autorizó y dio de alta una serie de máquina de juego, conocidas como tipo B, sin solicitar a los empresarios que abonaran las correspondientes tasas. Este tipo de máquina es la que se suele instalar en los diferentes bares.

Los empresarios tramitaban estos permisos a través de diferentes sociedades. Los impuestos que se dejaron de abonar no son muy altos, pero ahora la fiscalía los reclama en su escrito de acusación. Los tributos corresponden a los canjes fiscales, tasas de altas y bajas y boletines de las máquinas.

A los acusados se les imputa, en diferente grado, los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y un delito de fraude.

El escrito de acusación hace hincapié en la estrecha relación que mantuvo uno de los empresarios con el funcionario. El trabajador público autorizó la colocación de una máquina tragaperras en un bar de Palma sin dar cuenta de ello a la Agencia Tributaria y omitiendo al mismo tiempo el pago de la tasa fiscal. Para dar apariencia de legalidad a esta operación, el funcionario supuestamente manipuló los datos de otra máquina.