El GOB quiere que la ciudadanía conozca la "barra libre" que el Govern del PP ha permitido en esta legislatura para destruir el territorio con la promulgación de varias leyes, entre las que citó la ley turística o la agraria. Por ello, en una acción coordinada en las tres islas, ayer presentó en el Parlament una iniciativa legislativa popular (ILP) con el objeto de que se convierta en una propuesta de ley alternativa que proteja de una manera ambiciosa y duradera el territorio insular.

En un acto que contó con la presencia de la actual presidenta del GOB, Mica Noguera, su portavoz, Margalida Ramis, y un miembro histórico de su directiva, Macià Blázquez, los ecologistas adviertieron no obstante de que será complicado revertir la situación creada en esta legislatura con normativas que, denunciaron, han propiciado amnistías urbanísticas generalizadas, presiones insostenibles sobre el suelo rústico y los espacios naturales con la construcción de nuevas infraestructuras, una gestión de los residuos irracional y, en definitiva, una agresión constante al territorio por parte de intereses económicos particulares.

Ramis advirtió que será difícil, y costoso por las indemnizaciones que habrá que afrontar, revertir la situación creada en esta legislatura en la que se han consolidado los derechos de unos pocos pero poderosos colectivos. Y la entidad ecologista puso varios ejemplos de esta permisividad política "perversa" impulsada en estos últimos años como la autorización del centro comercial de ses Fontanelles o la reconversión turística de la Marina de Magaluf, entre otras acciones.

Blázquez explicó que la ILP es un mecanismo legal del que GOB ha hecho uso en otras tres ocasiones anteriormente y que permite a los ciudadanos presentar proposiciones de ley directamente en el Parlament. En caso de ser admitida a trámite por la cámara, sus impulsores dispondrán de tres meses para recoger un mínimo de diez mil firmas de personas adultas y censadas en Balears, lo que les permitiría defenderla y debatirla en una sesión plenaria.

Como es probable que el partido que sustenta al Govern "tumbe" esta ILP, el GOB tiene un "plan B" que pasa, en primer lugar, por modificar los aspectos formales que se le requieran. Si esto no fuera suficiente y se les hurtara la posibilidad de debatirla en el Parlament, los ecologistas anunciaron que llevaran su campaña a la calle para informar a la ciudadanía de la desprotección territorial consumada en esta legislatura.

La iniciativa del GOB pretende extender la protección que se da en materia de ordenación del territorio a los espacios naturales de la Red Natura 2000. Asimismo, se evitarían futuras legalizaciones y el urbanismo a la carta y se estudiaría con un criterio no economicista la necesidad o conveniencia de abordar la construcción de nuevas infraestructuras portuarias o de carreteras. También se modificará la normativa en materia de residuos y se fomentará el uso de energías renovables limpias.