Como si se tratara de un bucle, ayer se repitió la trama del lunes y la de septiembre del año pasado: el TSJB suspende el TIL y el Govern lo mantiene. Ayer, el TSJB suspendió la aplicación del TIL para este curso y los próximos, pero de nuevo el Govern quiere eludir esta decisión judicial (o ganar algo de tiempo) presentando un nuevo recurso de reposición.
El Tribunal Superior de Justicia de Balears dictó ayer tres autos decretando la suspensión cautelar de la orden de desarrollo del TIL. De esta forma, los magistrados querían forzar al Govern a acatar las sentencias que hicieron públicas el pasado lunes en las que anulaban el decreto original del TIL -el redactado en su día por Rafael Bosch- fallando a favor del STEI-i, CC OO y UGT. El lunes, el Ejecutivo Autonómico reaccionó anunciando que presentaría un recursos al Supremo y que mientras tanto el TIL se seguiría aplicando con normalidad.
Con los autos de ayer, los jueces de la sala de lo contencioso administrativo pretendían hacer efectiva la anulación del decreto pero el Govern va a seguir su estrategia de pelear judicialmente hasta el último momento para mantener el trilingüismo en las aulas el máximo tiempo posible “para evitar perjuicios a los niños” con el curso escolar ya iniciado.
Así lo anunció ayer Núria Riera, la portavoz del Govern a la que de nuevo le tocó comparecer en solitario -no hubo declaraciones ni del president Bauzá, ni de la consellera Camps ni del secretario autonómico Estarellas- para explicar la postura del Ejecutivo tras recibir su segundo varapalo judicial en menos de 24 horas. Mientras ella hablaba, se oían los pitidos y abucheos de las casi doscientas personas que se congregaron frente al Consolat de Mar para exigir al Govern que acate las decisiones judiciales y que dimita la cúpula de Educación y el president.
Los argumentos que dio la portavoz no variaron mucho de los que aportó el lunes: que el trilingüismo es una promesa electoral y una apuesta de este Govern que pretende “bajar las cifras de fracaso escolar” y mejorar las competencias lingüísticas del alumnado; y que las críticas de los tribunales son “procedimentales”, de forma pero no de fondo. Apoyándose en que el contenido del proyecto no ha sido cuestionado por los jueces, Riera lamentó “la incertidumbre que esta situación haya podido ocasionar a las familias y los niños”, pero rehusó hacer autocrítica sobre cómo se ha gestionado la aplicación del TIL, que además de una movilización docente inaudita (con una huelga de tres semanas y una manifestación de 100.000 personas en la calle) suma ya tres principales varapalos judiciales: el del lunes, el de ayer y el de septiembre de 2013, cuando la Sala suspendió cautelarmente el calendario de aplicación anexo al decreto TIL, un fallo que en aquella ocasión el Govern sorteó redactando un decreto ley para poder aplicar el trilingüismo el curso 2013-2014.
Para garantizar la aplicación del trilingüismo el curso 2014-2015 y los siguientes, y ya de paso matizar o suprimir aspectos del decreto de Bosch (como el artículo 20, que daba más autonomía a los centros para hacer la distribución horaria de las lenguas oficiales), la consellera Camps firmó la orden de desarrollo del TIL en mayo de 2014 y estableció el calendario de aplicación. La orden fue recurrida por STEI-i y UGT, CCOO y por la confederación de asociaciones de padres COAPA. Y ayer la Sala de lo contencioso administrativo falló a su favor para “asegurar la efectividad de la sentencia” que el lunes declaró la nulidad del decreto TIL.
Los tres autos, muy similares, razonan que “la orden desarrolla el decreto declarado nulo ayer [por el lunes]” y que esa nulidad “se proyecta y afecta a la validez de la orden, sin que para llegar a esta conclusión sea necesario esperar a una valoración en la sentencia que ha de dictarse sobre la orden”. Los magistrados recuerdan que el objetivo principal de las medidas cautelares es “asegurar la efectividad de la sentencia”, que “quedaría comprometida si entretanto se permite la pervivencia y desarrollo del calendario de aplicación de unos proyectos TIL fundamentados en decreto declarado nulo”.
Reconocen la excepcionalidad de adoptar medidas cautelares, pero en este caso lo ven justificado ya que continuar con la aplicación de los proyectos TIL “se ha de entender contrario a los intereses generales”.
Los autos de ayer señalan además que “el decreto ha sido objeto de ponderado examen de validez con un resultado que no se puede ignorar ni permite actuar como si dicho examen no se hubiera realizado”.
Dos recursos en marcha
A la abogacía de la comunidad autónoma y a los servicios jurídicos de la conselleria de Educación se les acumula el trabajo. Si el lunes ya empezaron a trabajar para presentar antes del 8 de octubre su recurso ante el Supremo contra la anulación del decreto TIL (anulación basada en la ausencia del informe de la UIB que fija el Estatut d’Autonomia y en una memoria de impacto normativo insuficiente), ahora tienen un plazo de cinco días para presentar un recurso de reposición contra la suspensión cautelar dictaminada ayer. En este caso, el recurso se presentará ante la misma sala presidida por Gabriel Fiol que ya les ha dado varias bofetadas judiciales que el Ejecutivo ha intentado sortear.
¿Y si este recurso de reposición fracasa? Riera no quiso hacer valoraciones sobre ese posible futuro. Desde sindicatos como el STEI indicaron que según sus servicios jurídicos ahora mismo el TIL ya no debería estar aplicándose. El recurso de reposición se resolverá en breve y con toda probabilidad -son los mismos jueces los que decidirán- volverán a suspender la orden de desarrollo, con lo que parece que con esta decisión de recurrir el Ejecutivo únicamente intentando ganar tiempo y dilucidar el camino a seguir, que podría pasar por un nuevo decreto ley o por abandonar definitivamente el proyecto TIL.
