­­La comunidad que más empleo crea es también la que más baja los salarios y una de las que castiga con mayor dureza a sus ciudadanos a base de impuestos. Con semejante cóctel de sabor agridulce y aroma amargo extrañan menos cifras como las que alertan sobre el avance fulgurante de la exclusión social de familias sin recursos, al tiempo que ganan credibilidad quejas como las que con regularidad machacona enuncian comerciantes y hosteleros sobre la depresión de sus ventas. Simplemente, se temen, no hay dinero para consumir. Con sueldos menguantes, los caprichos de antes y parte de las necesidades básicas de siempre han acabado devoradas por el IVA, la Renta, los módulos de autónomo, las tasas autonómicas y los tributos cada vez más onerosos de los ayuntamientos. Es el caso del IBI, la temida contribución, que golpea a los propietarios de viviendas, fincas e inmuebles con una saña sin precedentes. Ya lo leen en el título: los ayuntamientos cobran hoy a sus vecinos 143 millones más, porque el tributo ha subido de media un 53% desde que comenzó la crisis, pinchando cuando más duele y dejando a Balears como una de las autonomías que exprimen a sus ciudadanos con mayor voracidad.

Tanto es así que solo pagan más de media en las regiones que albergan las dos grandes capitales del Estado, Madrid y Barcelona. Aunque ni siquiera allí abonan tanto de contribución media como en Deià, uno de los pueblos más caros de España. Cobra 1.037 euros de recibo medio, el triple que la media española (323 euros por recibo). Es un caso extremo, sin duda, tremendamente condicionado por el tamaño y lujo de algunas de sus mansiones, pero no es un fenómeno aislado. Muro, Alcúdia, Valldemossa o Calvià también afrontan recibos medios superiores a los de Londres, París o Madrid, por citar las ciudades con precios inmobiliarios más caros de Europa.

Esos excesos fiscales, documentados por la Dirección del Catastro, están detrás de que en el último año las islas cobraran a sus vecinos 406 euros por recibo de contribución, frente a los 287 que se abonaban en 2008. Aunque esos 129 euros de subida media resultan engañosos. No hacen justicia al incremento brutal en algunos municipios de Mallorca. La subida media es del 53% porque en ella se incluye a Palma, municipio que ha incrementado su IBI en cinco años por debajo del promedio nacional y balear, un 39% más que, sin duda, sacude el bolsillo ciudadano, pero que comparativamente alivia. Observen si no las tablas que acompañan estas líneas. En ellas aparecen localidades que durante la peor crisis en décadas han aplicado a sus vecinos una sangría tal que el IBI llega a casi triplicarse en lugares como Marratxí (+162%), Mancor (+175%) y Puigpunyent (+170%). En otros tan poblados como Andratx, Valldemossa, Porreres, Esporles, Pollença o Alcúdia, la contribución se ha duplicado, con lo que algunos vecinos pasan de aportar entre 300 y 350 euros (caso de Alcúdia o Andratx) a poner en la caja municipal 700.

Alcaldes atados por Rajoy

Pero antes de bramar sigan leyendo, que los alcaldes poco han podido hacer. La mayoría son reos de un decreto del Gobierno Rajoy y de una revisión catastral realizada en los años 2007 o 2008, con la burbuja inmobiliaria a punto de estallar de puro inflada. "La ley no nos permitía hacer una revisión catastral adaptada a la nueva situación inmobiliaria hasta pasados cinco años, así que lo hemos intentado compensar con bajadas del tipo del IBI, pero la subida igualmente ha sido una animalada en muchos casos", resume el alcalde de Andratx, Llorenç Suau, que como todos los regidores consultados ya ha puesto en marcha los trámites para una revisión catastral. Otros, como Miquel Ensenyat, de Esporles, están esperando a que el Gobierno les permita volver a la situación previa a 2012: "Nos obligaron a subir sí o sí, y no pudimos hacer nada. Incluso fuimos a ver al director del catastro, intentamos revisar precios, pero nada. La gente se quejaba y sacamos una circular en la que enseñábamos la orden de Rajoy en la que se forzaba a subir el IBI. Llegaron con la promesa de bajar impuestos y a la semana hicieron lo contrario", se lamenta Ensenyat.

Él mismo pone ejemplos que hablan de dramas familiares de calado. "¿Qué ocurre con unos jubilados que tienen una finca en la que no construyen nada pero les llega un recibo de 6.000 euros? Dan ganas de quemar el ayuntamiento, claro, y no es culpa nuestra". Y lo mismo con familias medias que heredan fincas y se ven condenadas a malvender por no poder afrontar contribuciones inasequibles para sus sueldos. Que encima están bajando con más fuerza justo en una de las comunidades en las que se sufre el recibo de IBI más caro, el doble que Galicia, Extremadura, Castilla o Asturias. Allí la crisis pública también la han pagado los vecinos privados. Pero no tanto.