Los 44 estudiantes que fueron condenados ayer por ocupar la conselleria de Educación en 2012 recurrirán una sentencia que consideran injusta, represora y una utilización política e interesada de la justicia, y además han puesto en marcha una campaña para recaudar fondos con los que pagar las multas.
Una de las condenadas, Marta Mouzo, ha asegurado en declaraciones realizadas frente a la conselleria de Educación que tomaron el 22 de mayo de 2012 que la jueza no ha tenido en cuenta imágenes, vídeos y testimonios que contradicen lo que ella considera hechos probados.
Ha asegurado que la sentencia "se basa en mentiras, es totalmente desproporcionada e injusta", así como una "vulneración flagrante" de los derechos fundamentales a la libertad de expresión y reunión, que pretende convertirse en "un castigo ejemplar" que ponga freno a las protestas de rechazo a las políticas antisociales y contra el catalán del Govern del PP.
Otro de los condenados, Joan Colomar, ha admitido que no esperaban una sentencia "tan dura y tan parcial" que ha tildado de "una muestra más de cómo usan la represión para cortar las alas a la protesta social y de cómo le dan la vuelta a una protesta pacífica para convertirla en una falta de lesiones cuando en ningún momento hubo malicia".
Los condenados han dado inicio a una campaña para recaudar fondos, con la difusión de un número de cuenta en el que esperan recabar lo suficiente para hacer frente al pago de los alrededor de 32.000 euros de multa, así como a los entre 10.000 y 11.000 euros que llevan gastados en su defensa.
Los 44 fueron condenados ayer por la jueza de lo Penal número 1 de Palma, Concepción Moncada, a pagar 720 euros cada uno por un delito de desórdenes públicos, y otros cinco deberán hacer frente a una sanción adicional de 90 euros por una falta de lesiones contra la jefa de gabinete del entonces conseller, que intentó impedirles la entrada al despacho del responsable autonómico.
