El presidente de la Audiencia de Palma, Carlos Gómez, designó ayer ponente único para los 14 recursos contra el auto de fin de instrucción del caso Nóos a Diego Gómez-Reino Delgado, presidente de la sala segunda de la Audiencia, que será liberado de parte de su trabajo para que se pueda centrar en este especial asunto. Todavía no se sabe qué otros dos magistrados de la sección segunda tendrán que decidir, junto a Gómez-Reino, si la infanta Cristina acaba enjuiciada y cuál será la composición definitiva del banquillo de los acusados de Nóos.

Gómez-Reino es uno de los veteranos de la sección segunda y de la Audiencia, de la que se han apartado otros muchos magistrados desanimados por la excesiva carga de trabajo y la complejidad de los asuntos a resolver.

Gómez-Reino se ha mantenido firme en la sección segunda, de la que es presidente desde hace unos años tras la marcha de su compañero Eduardo Calderón a un juzgado de lo penal. Las dos salas de lo penal han sacado adelante en los últimos años complejos asuntos de corrupción, como los casos Andratx, Scala, Maquillaje o Palma Arena, y causas de narcotráfico y delincuencia económica no menos enrevesadas, como la operación Kabul.

El presidente y otros de los otros cinco magistrados de la sección segunda (tres titulares y dos suplentes) se conocen bien el sumario de Nóos, puesto que desde el comienzo de las pesquisas han tenido que pronunciarse sobre multitud de recursos de las numerosas partes.

Abrir el camino

Gómez-Reino, Juan Jiménez Vidal y Mónica de La Serna Pedro, abrieron el camino, en un auto dictado el 7 de mayo del 2013, a la imputación de doña Cristina en el caso Nóos por parte del juez Castro. En aquel auto la Audiencia exculpó a la duquesa de Palma de cooperar con su marido Iñaki Urdangarin en el desvío de fondos públicos a través del Instituto Nóos, pero animó al instructor a que investigara si Cristina de Borbón había cometido delitos fiscales o blanqueado capitales.

En los 16 meses transcurridos Castro volvió a imputar a la hermana del rey Felipe VI, pero la Audiencia no tuvo ocasión de pronunciarse sobre la solidez de aquellas acusaciones, dado que Cristina de Borbón decidió no recurrir su encausamiento.

Por tanto, el tribunal tendrá que analizar si Castro, partidario acérrimo de sentar a la Infanta en el banquillo, siguió la senda marcada por ellos y si recaen sobre la duquesa de Palma los indicios suficientes de que cooperó, gracias a su sociedad Aizoon, con su marido en delitos fiscales y blanqueó fondos públicos y dinero no pagado a Hacienda con gastos particulares.

Pero aparte de la alegaciones de doña Cristina, cuya exculpación sostiene también la fiscalía anticorrupción y en parte la Abogacía del Estado, la sección segunda tiene que pronunciarse sobre otros 13 recursos: Diego Torres y Ana María Tejeiro; Jaume Matas; grupo municipal socialista de Valencia; fiscalía anticorrupción; Luis Vela; Iñaki Urdangarin; Manos Limpias; Mercedes Coghen; Elisa Maldonado; Marco Tejeiro; Miguel Tejeiro; Luis Lobón y Miguel Aguilar.

Manos Limpias y los socialistas valencianos reclaman que aumente el banquillo y que algunos exculpados, como el exsecretario de las Infantas en la Casa Real, Carlos García Revenga, o el primer teniente de alcalde de Valencia, Alfonso Grau, sean acusados. Estos exculpados también han hecho alegaciones.