Un 70% de los centros educativos de Mallorca, tanto públicos como concertados, no tiene sus proyecto TIL aprobado al haber sido rechazado por Inspección. Este departamento solo ha dado el visto bueno a una tercera parte de los proyectos del total de colegios e institutos (públicos, concertados y privados) del archipiélago.

Así lo han cuantificado en una nota de prensa conjunta la Assemblea de Docents de pública y de concertada y los sindicatos STEI-i, CCOO y FETE-UGT, tras realizar una recogida de datos sobre el estado de los proyectos en toda la red educativa de las islas. Los datos se han constatado con los de las asociaciones de directores ADIPMA y ADESMA y, ante la falta de información oficial, la nota enviada por estas entidades los recoge con precisión y detalle y precisando que se recogieron en julio, justo antes de la resolución que obliga a los centros a implantar sus proyectos aunque el claustro los haya rechazado.

Las entidades firmantes creen que estos datos prueban que el sistema educativo de Balears se encuentra "en una situación de anormalidad" y contradicen las declaraciones de la consellera Camps, que a pesar de no haber dado datos concretos, ha insistido en que "todo va bien" y que la mayoría de centros tienen su proyecto aprobado. Lamentaron "sus mentiras" y que vulnere su propia norma.

De los 401 centros de enseñanza que hay en Balears, 41 no han de aplicar el TIL este curso porque forman parte del Programa Piloto Plurilingüe o del Currículum Integrat British Council. Los 360 restantes han pasado por Inspección, que sólo ha considerado 126 proyectos (un tercio) como adecuados a normativa. El resto, 234 proyectos (el 65%) no tienen el visto bueno de Educación.

Los datos de Mallorca

En el caso de Mallorca, son 204 los centros que no tienen su proyecto validado, lo que representa el 72,9% de los 280 que debían presentarlo. Diecinueve centros de Mallorca sí tienen un informe favorable de Inspección, pero no han sido aprobados por sus claustros y/o directores.

A pesar de la resolución de la directora general Isabel Cerdà que obliga a imponer estos proyectos, en su nota las entidades firmantes entienden que no se cumple la normativa legal del TIL "y por tanto tampoco son adecuados a norma hasta que no sean aprobados". Según esta interpretación, señalan que en realidad son 255 los centros que no tienen sus proyectos lingüísticos "adecuados y correctos": un 70,8%.

En Mallorca la suma llega a 223, lo que supone, aseguran casi el 80% del total de centros. Distinguiendo entre las distintas redes de enseñanza, el comunicado recoge que 60 de los 81 centros concertados y privados no tienen proyecto aprobado (el 74%), idéntica que situación en la que se encuentran 163 de los 199 públicos que debían presentar un proyecto (el 82%).

Con todo, concluyen que se constata "claramente" que la mayoría de centros no tienen un proyecto adecuado a normativa y por tanto "no se pueden implantar ni llevar a cabo".

El equilibrio lingüístico

¿Por qué Inspección ha rechazado un porcentaje tan elevado de proyectos? Según la nota, y como denunciaron en su día profesionales de este departamento, la mayoría de proyectos han sido rechazados al no respetar un equilibrio lingüístico que establece un reparto de horas casi al 50% entre las dos lenguas oficiales; un criterio que consideran que Educación "ha impuesto de forma arbitraria" incumpliendo, aducen, la Ley de Normalización Lingüística y la propia normativa del TIL y sin tener en cuenta el criterio fijado por el Consell Consultiu y por el Tribunal Constitucional en este sentido.

Otros proyectos que sí han cumplido este criterio y han recibido el visto bueno de educación - "por presiones y coacciones", denuncian- han acabado siendo desfavorables al no contar con el aprobado del claustro o del director.

Según estos datos, más de la mitad de los claustros y casi el 57% de los directores han votado en contra de su proyecto: los primeros por estar en desacuerdo con "sus aspectos metodológicos y curriculares" y los segundos por faltar la aprobación del claustro. Y eso, aseguran, a pesar de las "presiones", "coacciones" e incluso "amenazas de apertura de expediente".