Cuando el Govern del Pacto del Progreso se hizo cargo, en el verano del 2007, del metro entre la plaza de España y la UIB se encontró con múltiples fallos en las instalaciones y malos acabados que costaron muchos millones de euros en reparaciones.

El metro, que sufría inundaciones a poco que lloviese, fue construido a toda prisa por el Govern de Jaume Matas como reclamo electoral. El ferrocarril subterráneo fue inaugurado poco antes de las elecciones autonómicas del 2007, pero tuvo que cerrarse poco después debido a graves problemas en relación con la evacuación de aguas pluviales, filtraciones de agua en la estación principal de la plaza de España y otros defectos.

El Pacto denunció, en febrero del 2009, a la fiscalía anticorrupción que había partidas pagadas de 2,5 millones de euros por obras sin ejecutar y puso, entre los presuntos responsables de los descuadres y anomalías, a Global PM Consultores, la empresa que, teóricamente, debía haber controlado la construcción.

Según los denunciantes, el fichaje de la consultora barcelonesa pudo hacerse al margen de la legislación en materia de contratación por las administraciones públicas.

El PP rechazó, con contundencia, todas las acusaciones y sostuvo que todos los trabajos del metro se habían ejecutado conforme a los planes previstos.