"Todavía estamos a tiempo, y con voluntad política se podría parar la huelga", aseguraba ayer Guillem Barceló, portavoz de la Assembla de Docents, momentos antes de registrar en la sede de Educación una instancia para pedir diálogo a la consellera.

El próximo viernes el movimiento asambleario votará qué día del próximo septiembre harán huelga, votación que Barceló garantizó que podría cambiarse si detectasen voluntad real del Govern Bauzá de acabar con el conflicto. "Si no hay voluntad política por parte de este equipo que los sustituyan y nos pongan a alguien competente al frente de Educación", sentenció: "Creemos que los representantes políticos están obligados a dar soluciones y en cuanto al conflicto educativo la Conselleria hasta ahora está yendo en dirección contraria". Denunciaron además el "uso partidista" de la educación.

¿Por dónde iría esa posible negociación que pide el movimiento asambleario? En la lista de reivindicaciones, recuperar lo perdido por los recortes que ha sufrido el sector los últimos años ha desplazado al TIL del primer puesto.

Así, Barceló habló en primer lugar de la necesidad de establecer un calendario para revertir ajustes como el aumento de ratios y el descenso de plantillas: "Tenemos las ratios más elevadas que nunca y faltan 2.000 profesores, es es necesario un calendario de recuperación de plazas".

En segundo lugar, exigen a la Educación anular la resolución que impuso la aplicación de proyectos TIL en los centros en los que no los habían aprobado.

Con todo, para el portavoz el curso que viene vendrá marcado por "el caos organizativo" y la "inseguridad jurídica" y advirtió de que el sistema está "a punto del colapso". Barceló también recordó que otro motivo de indignación del colectivo docente son los expedientes abiertos a cuatro directores, que en el caso de los menorquines llevan abiertos más de un año "cuando en septiembre Camps se comprometió a resolverlos con la máxima celeridad". Asimismo, tachó de "escándalo" que Balears sea la comunidad que menos dinero destina a becas educativas y el retraso en la publicación de las ayudas de comuedor en un momento tan delicado para las economías de las familias como el actual.

"Similar a lo de Son Espases"

Respecto a la resolución de la directora general Isabel Cerdà sobre los proyectos TIL no aprobados, y contra la que ya se han presentado tres recursos de alzada, el docente consideró que es una muestra más del proceder ya no solo de la Conselleria sino del Govern: "Lo hacen todo al límite de la legalidad; siempre actúan y luego, pues ya veremos si nos denuncian", apuntó Barceló, quien dijo incluso que el proceder con la normativa TIL "es similar a lo que pasó con Son Espases".

El próximo viernes el colectivo está convocado a una asamblea abierta en Porreres que el movimiento confía en que sea multitudinario. Se votará qué día irán a la huelga el próximo mes de septiembre, una vez ya comenzado el curso. Esta idea se propuso por primera vez en una asamblea en junio con el objetivo de recordar al Govern que el conflicto sigue vivo, y finalmente fue aprobada por casi la totalidad de la Assemblea en una votación que tuvo luar justo el mismo día de la publicación de la resolución de Isabel Cerdà.

Además de esta jornada de protesta -que aseguran podría revertirse si hubiese negocación- la Assemblea ya aprobó proponer a la Conselleria un modelo educativo de consenso y que, en caso de ser rechazado, no descartaban convocar una huelga indefinida en abril, como previa a las elecciones. Barceló subrayó que la Assemblea es un organismo con reconocimiento jurídico y con capacidad de convocar huelgas de trabajadores. Planteó qué tiene pensado hacer Educación respecto a los servicios mínimos, que el STEI-i impugnó por abusivos en septiembre y que fueron tumbados por el TSJB el pasado mes de julio al considerar la sala que se vulneró el derecho a la huelga. El portavoz subrayó que "la Conselleria aún no ha dicho qué pasa con esto" mientras la huelga indefinida, recordó, "sigue convocada".

Por su parte, el IPFB aseguró ayer que pedirá a Delegación de Gobierno que prohíba la huelga "por ser política y abusiva".