La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial resolvió ayer en un acuerdo de apenas cinco párrafos la polémica suscitada como consecuencia del recurso planteado por el fiscal Horrach, en el que pone en duda la actuación del juez Castro al confirmar la imputación de la infanta Cristina. Esta comisión se reunió ayer para plantear la propuesta de los seis vocales progresistas que habían pedido que se actuara contra el fiscal Pedro Horrach por haber puesto en duda la imparcialidad del juez del caso Nóos. Sin embargo, los vocales del máximo órgano judicial no tomaron ningún tipo de medida disciplinaria, ni plantearon una propuesta de sanción, pero tampoco otorgaron el amparo al juez Castro. En el comunicado hecho público ayer tarde el CGPJ advierta que la utilización en escritos, o en alegaciones procesales, de expresiones que pueden sembrar dudas sobre la objetividad e independencia de los jueces, más allá de la "legítima y necesaria crítica a las resoluciones judiciales", no contribuye "a reforzar la confianza de los ciudadanos en la Justicia".
En el párrafo anterior, el Consejo recurrió a un acuerdo que se adoptó el pasado mes de enero, en el que se recordaba que en un estado democrático los jueces, como titulares del Poder Judicial, asumen la labor de proteger y garantizar los derechos y libertades en condiciones de "independencia, imparcialidad y responsabilidad". Y también se añadía que la confianza de que los magistrados puedan desarrollar sus cometidos como establece la Constitución, "es un hecho merecedor de la máxima protección". Tras la reunión de ayer tarde, los vocales consideraron necesario solicitar a todas las partes de cualquier proceso (sin referirse expresamente al caso Nóos) que eviten la utilización de expresiones que puedan "desacreditar, injustificadamente y al margen de las consideraciones jurídicas del procedimiento" la labor que desarrollan los jueces.
En el documento, en ningún momento, se hace referencia alguna al fiscal Pedro Horrach, ni al contenido del escrito que entregó la pasada semana en el juzgado, para recurrir ante la Audiencia la decisión del juez de que se lleve a juicio a la infanta Cristina.
Sin embargo, en el escrito que firmaban los seis vocales del sector progresista mostraban su profunda preocupación por las imputaciones que el fiscal Anticorrupción de Balears dedicaba al juez Castro. Denunciaban que el recurso utilizara expresiones como por ejemplo, que Castro tenía la certeza absoluta de la culpabilidad de la duquesa de Palma, o que había decidido "el puerto de destino determinado antes de iniciar la investigación".
Este sector progresista planteó la posibilidad de que estas afirmaciones de Horrach pudieron superar su función constitucional en defensa del interés general y que pudo excederse en los márgenes argumentales que le posibilita recurrir una decisión judicial.
Los mismos vocales del Consejo criticaron las valoraciones de "índole personal" que el fiscal dedicaba al juez Castro, lo que podría interpretarse como un intento de "desmerecer la confianza de la sociedad en los juzgados y tribunales", así como "una grave sospecha de falta de imparcialidad en la labor que realizan a diario jueces y magistrados, y minar la confianza pública que debe inspirar en todo momento la actuación del Poder Judicial".
Según señalaron fuentes jurídicas, el Consejo General del Poder Judicial no tiene competencias para proponer ningún tipo de sanción a un representante del Ministerio Fiscal. Debe ser la propia fiscalía la que inicie un expediente disciplinario, que puede terminar o no en sanción, dependiendo de su actuación. Sin embargo, en el caso de Pedro Horrach no está previsto que se inicie tal expediente, puesto que el máximo responsable de la fiscalía General del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha respaldado en todo momento la actuación del fiscal del caso Nóos. También lo ha hecho el fiscal superior de Balears, Bartomeu Barceló, que salió en defensa de Horrach.
