Cuídeme Dios de mis amigos que de mis enemigos me cuido yo. El dicho popular viene como un guante a la relación entre el juez instructor del Caso Nóos, José Castro, y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, que pese a desenvolverse inicialmente en una relación claramente cordial ésta ha terminado degradándose hasta un no disimulado y duro enfrentamiento. Las tensiones no son nuevas y se han ido acumulando durante los últimos meses, agravándose a medida que las actuaciones de Castro se iban acercando a la infanta Cristina. Y a lo largo de este proceso, las ´banderillas´ que Horrach ha ido clavando en la espalda del juez se han hecho cada vez más afiladas.

Las diferencias entre ambos comenzaron a detectarse en abril de 2013, cuando el juez decidió llamar a declarar a la hermana del Rey. Horrach dejo clara su decisión de no secundar la imputación de la infanta Cristina, bajo el argumento de que ésta no tenía ninguna función ejecutiva en el Instituto Nóos. Según el fiscal, solo con indicios no se podía hacer ir a declarar a la entonces hija del jefe del Estado.

Horrach comenzó a dejar claro en ese momento que no hay mejor defensa que un buen ataque, aunque su papel de fiscal pueda hacer que se planteamiento parezca incongruente. Y en defensa de la Infanta alegó que la decisión de Castro de imputarla era discriminatoria y solicitó a la Audiencia que la revocara

En agosto del pasado año quedó claro que Horrach daba por finalizada la investigación de la trama y que dejaba de respaldarlas actuaciones que seguía reclamando el juez. El objetivo del fiscal estaba claro: el peso de las pruebas debía de sentar en el banquillo a Iñaki Urdangarin y a su antiguo socio, Diego Torres. Pero de la hermana del Rey, nada.

En octubre, la postura de Horrach mantenía el distanciamiento con Castro y se oponía a que la Infanta fuera citada como imputada. Su argumento era bien simple: las pruebas que se tenían eran insuficientes para sostener una acusación de blanqueo de dinero contra la hermana del Rey. Y comenzaron a caer las pullas, al afirmar en noviembre que las tesis del juez respecto a la posible existencia de un delito de blanqueo de capitales eran una "especulación huérfana de sostén indiciario, que tendría cabida en el ámbito de la rumorología, ajena, claro está, al ámbito penal".

En enero de este año el distanciamiento entre ambos era ya tan amplio como profundo. El juez Castro planteó de nuevo el encausamiento de la Infanta y en ese momento dejó claro que no le habían hecho la menor gracia los calificativos utilizados por Horrach a la hora de oponerse a la imputación.

"Teoría conspiratoria"

A los pocos días, Horrach arremetió de nuevo contra el juez y le acusó de imputar a la hermana del Rey siguiendo una "teoría conspiratoria" y por "reproches éticos", en vez de por indicios y pruebas. Fue en ese punto cuando se produjo uno de los ataques más duros y la evidencia de la total falta de sintonía entre ambos.

Así, el fiscal comenzó a cuestionar sin disimulos el trabajo realizado por Castro, al indicar que las tesis de posibles delitos fiscales suponían una "afirmación que entendemos errónea y que obedece a un déficit interpretativo de la normativa tributaria" por parte del juez.

Los apuntes dirigidos en relación a una presunta falta de rigor por parte de José Castró se convirtieron en ese momento en uno de los puntales de la argumentación de Horrach, con frases como "en este punto no había nada más que discutir al ser más riguroso el informe de la Agencia Tributaria que el análisis del magistrado" y "hasta aquí lo manifestado por el juez instructor; ahora pasemos a la realidad".

Horrach reprochó al magistrado el haber hecho uso de una teoría conspiratoria respecto a una presunta parcialidad de los técnicos de Hacienda para justificar la imputación de la Infanta, y salió en defensa de estos afirmando que habían sido "criterios técnicos y no motivos bastardos" los que habían llevado por parte del Fisco a exculpar a la hermana del Rey.

Pese a lo expuesto, Castro optó por no responder a las palabras de Horrach, pero éstas si fueron duramente cuestionadas por la asociación judicial Francisco de Vitoria, que calificó de "intolerables" las "expresiones groseras de desprecio al juez y las acusaciones veladas de prevaricación que destila el ministerio fiscal".

Aunque parecía difícil superar ese nivel de tensión, las más recientes afirmaciones del fiscal muestras que todavía no se había tocado techo en la virulencia del enfrentamiento.