José Castro cometió ayer el error de replicar a las amenazas del Gobierno contra su persona. El amplio apoyo de la soberanía popular ofrecía al juez un colchón suficiente para desoír la intimidación de los serviciales empleados de Rajoy. El presidente del Gobierno es el autor de la indecente frase "estoy absolutamente convencido de que a la Infanta le irá bien, estoy convencido de su inocencia". No solo cancelaba el Estado de Derecho, también insultaba a las víctimas de las tropelías de los Borbón/Urdangarin. A continuación, les soltó a la Agencia Tributaria de Montoro, a la Abogacía del Gobierno y a la Fiscalía General del Gobierno, para amedrentarlos si insistían en reclamar justicia.

Rajoy es más marrullero que Luis Suárez, pero a Castro le tocaba aguantarse porque su éxito resulta incontestable. Ningún historiador cabal absolverá a los gobernantes que han declarado inviolable judicialmente a la multimillonaria Cristina de Borbón. En su desvarío, están dispuestos a arrastrar a las escasas instituciones que preservaban una sombra de crédito. Han olvidado que la Infanta que cedía a su marido la mitad de sus ingentes ganancias es devastadora para el Estado. Pocas personas han dañado con tal intensidad a la democracia.

Cristina de Borbón ha obligado a su padre a abdicar. Ha propiciado un comienzo tambaleante del reinado de su hermano. Ha enfrentado a dos campeones de la lucha contra la corrupción como Castro y Horrach. Ha anulado el crédito de funcionarios clave. Su figura ha contaminado definitivamente a PP y PSOE. Hasta su fiscal defensor considera que le corresponde pagar, como responsable civil, los abusos que atribuye en exclusiva a su marido.

Ginebra parece un lugar demasiado próximo para librarse de la onda radiactiva emitida por Cristina de Borbón. Que la declaren inocente, pero sobre todo que la alejen. La impunidad acordada por el Gobierno a través de funcionarios obedientes se tramitará por la doctrina Botín o la doctrina Borbón, porque nadie se imagina una doctrina Pérez salvo para pagar. Sin embargo, Rajoy ha topado con la misma dificultad que ha deslustrado su cansino cuatrienio en La Moncloa. La opinión pública quiere entender.

A los pies de la todavía duquesa de Palma, fiscales, inspectores y abogados del Gobierno han firmado cientos de folios con un esclarecedor "porque yo lo digo". Ante la ausencia de argumentos, han esgrimido el poder para disfrazar sus agresiones al sentido común. Puede que haya razones inapelables para eximir a este personaje nocivo, pero los emisarios de Rajoy las desconocen. Al igual que ocurre con los médicos y otros propietarios de saberes sagrados, están obligados a persuadir. No lo han conseguido, porque siempre se filtra la evidencia de que Cristina de Borbón se lucraba con la mitad de los ingresos sucios de su matrimonio.

El extraño descubrimiento de que los ciudadanos prefieren equivocarse por su cuenta ha sembrado el caos. Se dice que Castro carece de peritajes a su favor, y es al contrario. A estas alturas no hay una sola opinión creíble a favor de la Infanta, porque solo proceden de defensores de pago y de Rajoy, que lo hace gratis. Perdón, con el dinero del contribuyente.