El Tribunal Superior ha avalado que cuando a finales de 2012 el Govern Bauzá dictaminó que su presidente Bauzá puede ocupar el cargo y a la vez percibir los cuantiosos ingresos que le proporciona su farmacia en Marratxí, hizo lo correcto y actuó dentro de la legalidad. Por lo que se ve, en cuestión de compatibilidades el Govern no trata por igual al jefe que a los ´indios´. Bauzá es compatible, y le sale gratis; a sus funcionarios les cuesta dinero el poder serlo.
Veamos un caso real, y de estos días: Un empleado de la Administración autonómica -con plaza de subalterno y sueldo ´mileurista´-, encuentra una oferta para trabajar 6 horas a la semana, los sábados por la tarde, vendiendo material deportivo en una tienda especializada. El funcionario alega que este empleo por horas le permitiría incrementar sus ingresos con 18o euros más al mes, un pequeño extra que le iría muy bien para terminar de pagar algunos recibos mensuales. Así que el interesado contacta con el departamento de recursos humanos y solicita la compatibilidad de su puesto con una segunda actividad remunerada. La respuesta del Govern: si quiere compaginarlo, se tiene que reducir el salario que cobra de la administración en 90 euros/mes, con lo que perdería justo la mitad del suplemento que cobraría con el pluriempleo. Si no acepta, le deniegan la compatibilidad. Solo un detalle, José Ramón Bauzá facturó el pasado año al Govern a través de su farmacia 886.510 euros por las recetas bonificadas del IB-Salut; el subalterno en cuestión gana 1.100 euros netos al mes.
El presidente es compatible sin tener que renunciar a un solo euro público por sus ingresos de la actividad privada, pero en aplicación de la ley sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, aquellos funcionarios de la Comunidad que quieran complementar su nómina trabajando fuera de su jornada laboral ordinaria, deben recortarse el salario público. No todos, claro está, porque en su día el Govern hizo las maniobras pertinentes en la ley de Presupuestos para que el complemento específico de los médicos de la sanidad pública balear no se vieran mermados cuando por las tardes pasan consulta en la privada.
Algunos funcionarios que se sienten perjudicados por una regulación que data de los años 80 están empezando a ganar sentencias a favor de compaginar empleo público y privado, esgrimiendo la pérdida de poder adquisitivo por los recortes y congelaciones que vienen sufriendo desde 2007. Recientemente, la Justicia ha dado la razón a un policía de Barcelona al que el Ayuntamiento le negó el reconocimiento de la compatibilidad para ejercer como abogado al margen de su actividad principal.
El STEI hará valer ahora este y otros fallos judiciales ante la consellera responsable del personal, Núria Riera, para que siguiendo el ejemplo de Bauzá con su botica, el Govern flexibilice la normativa y permita la compatibilidad a los empleados públicos que ganen poco dinero.
De hecho, el caso del subalterno ´mileurista´ al que se obliga a bajarse 90 euros de su actual salario para ganar otros 90 euros estaba ayer en el orden del día de una mesa sectorial entre el sindicato y la Conselleria de Riera, pero la queja-propuesta se tuvo que quedar sobre la mesa al no considerarlo urgente el político de turno. En la misma Conselleria, para hacer el dictamen favorable al presidente sí que hubo prisas...
La oposición solo sale para lo bueno
Un dirigente del PP balear se muestra sorprendido por "la caradura" de los líderes de la izquierda. Asegura que quedó alucinado al ver que para la sentencia que dio la razón a Bauzá con su farmacia salieron a valorarla los "actores secundarios" Pilar Costa (PSOE) y Fina Santiago (Més). Por contra, cuando al cabo de unos días el mismo tribunal falló en contra del Govern -y en particular de su vicepresidente, Antonio Gómez-, por es Guix, salieron a celebrar el varapalo jurídico los primeros espadas, Francina Armengol (PSOE) y Biel Barceló (Més). "Sabía que eran flojos, pero que después de tantos años demuestren tan poca habilidad política, es patético", remacha el barón ´popular´.
Govern y Consell tampoco coinciden con los comedores escolares
La petición de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para que las administraciones sean sensibles y mantengan abiertos este verano los comedores escolares, en aras a garantizar una adecuada alimentación de los menores cuyas familias tienen escasez de recursos, ha dejado entrever la enésima discrepancia entre el Govern y el Consell. Así, mientras la consellera de Familia y Servicios Sociales, Sandra Fernández, se oponía claramente en la SER a la apertura de los comedores, porque en su opinión estigmatizarían a los usuarios, su homóloga en el Consell, Catalina Cirer, apuesta claramente por esta medida. Es más, su departamento destina ahora un millón de euros del dinero recuperado por el caso de corrupción de Can Domenge para que los ayuntamientos de Mallorca abran los comedores o infraestructuras similares. A eso se llama unidad de criterio en un mismo partido político.
