El auto comunicado ayer por el juez Castro empeora aun más, si cabe, la situación procesal del expresident Jaume Matas. El magistrado propone que se siente en el banquillo de los acusados porque cree que es el máximo responsable de que Urdangarin pudiera recibir dinero público de Balears solo por ser quien era, es decir, por ser el yerno del Rey, con independencia del proyecto que vendía. El expresident del Govern ha sido procesado por ocho delitos, que van desde la prevaricación administrativa a la malversación de caudales públicos, fraude a la administración y tráfico de influencias. Matas no obtuvo ningún beneficio personal al contratar con Urdangarin, pero el juez cree que era el máximo responsable de la falta del control del dinero público, ya que permitió que ningún responsable de la administración le pidiera explicaciones al duque de Palma sobre el destino que dio a esos fondos.
El auto del juez detalla que Urdangarin utilizó el escenario de la pista de pádel del palacio de Marivent para proponer el primer proyecto al president. El duque de Palma aprovechó su amistad con Pepote Ballester para llegar a Matas. Le propuso que Balears patrocinara el antiguo equipo ciclista Banesto. El president se entusiasmó con la idea. El Govern dedicó 18 millones de euros de fondos públicos a este proyecto. Matas ordenó y sus colaboradores cumplieron sus deseos. El juez afirma que los altos cargos del Govern falsificaron actas de reuniones que nunca se celebraron, pero que sirvieron para justificar la contratación del proyecto de Urdangarin. A cambio del patrocinio del equipo ciclista, el instituto Nóos firmó un contrato para fabricar el material deportivo y controlar el aspecto informativo de la competición. El duque cobró más de 200.000 euros. El juez Castro afirma que el marido de la Infanta aparentó ante Matas ser el representante de los dueños del equipo, cuando no lo era.
Sin intermediarios
Cuando Urdangarin logró la confianza de Matas, ya no fue necesario utilizar la mediación de Pepote Ballester para acceder al president. Así lo resalta el juez, que detalla el encuentro que tuvo en el Consolat, donde presentó el Proyecto Turismo y Deporte. Matas convocó a sus más estrechos colaboradores. Quedó convencido por el proyecto que le estaba proponiendo el duque, pese a que no indicó lo que iba a costar. Matas no consideró necesario, pese a que comprometía más de dos millones de euros, que se convocara un concurso. Ordenó la contratación directa del yerno del entonces Monarca. Castro no tiene ninguna duda de que fue Matas "quien diseñó la fórmula de contratación de Nóos por mucho que éste tenga ya archiensayada la respuesta de que nunca fue órgano de contratación".
El juez no valora la decisión política de apostar por los dos encuentros que organizaron Urdangarin y Torres para hablar del Proyecto de Turismo y Deporte, pero sí cuestiona que la administración diera este trato de favor porque uno de ellos era el yerno de don Juan Carlos. Critica también el magistrado que incluso Urdangarin impusiera el modelo del convenio, que era prácticamente el mismo que firmó con la Generalitat de Valencia.
El magistrado no entiende el motivo por el que el Govern no descontó del presupuesto el dinero que pagaron los patrocinadores privados. "¿Hacia dónde miraban los responsables de la gestión de los fondos públicos?", se pregunta el magistrado, que asegura que Urdangarin consiguió que se le pagara hasta el último euro público comprometido, sin justificar una sola factura.
Tres antiguos altos cargos del Govern también han sido incluidos en el auto del juez. Uno de ellos es Pepote Ballester, el antiguo director general de Deportes, que se vio implicado en la trama por su inicial amistad con Urdangarin. A él le propuso el proyecto del patrocinio del equipo ciclista y después tramitó la financiación de los foros a través de una subvención que concedía una de las empresas bajo el control del área de deportes. Ballester fue prácticamente el único que puso reparos a la hora de pagar a Urdangarin, porque no había presentado la memoria del acto ni había justificado el destino del dinero público que había recibido. Este intento se frustró en el momento que Matas le ordenó que pagara al duque las facturas que le reclamaba. Ballester ha sido procesado por prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias. Sin embargo, el medallista olímpico alcanzó hace tiempo un acuerdo con la fiscalía Anticorrupción. De hecho, contó muchos detalles de los negocios que impulsó el duque de Palma que se desconocían.
Otros altos que también serán juzgados son Gonzalo Bernal, director gerente de Illesport; Juan Carlos Alía, gerente de Ibatur; y Miguel Ángel Bonet, antiguo asesor jurídico de esta empresa pública de la conselleria de Turismo. El juez acusa a estos tres altos cargos de falsificar la tramitación administrativa que se elaboró en los expedientes que justificaban las diferentes contrataciones de Iñaki Urdangarin.
El juez critica con dureza en su auto que la administración balear ni siquiera respetó las más mínimas apariencias cuando se trataba de beneficiar al cuñado del actual monarca.
