El auto del juez José Castro que se hizo público ayer, y por el que imputa a Cristina de Borbón dos delitos fiscales y otro de blanqueo de capitales, y pide su enjuiciamiento no sorprendió en absoluto en el mundo jurídico mallorquín. Cinco abogados penalistas consultados esperaban exactamente esta misma resolución, aunque la mayoría se inclina por pensar que la petición del magistrado no prosperará, y finalmente la Infanta no será llevada a juicio porque la Audiencia de Palma estimará los recursos del fiscal Anticorrupción Pedro Horrach y de las defensas.

"No me ha sorprendido, conociendo los criterios del juez Castro, me esperaba que haría lo que ha hecho", afirma el abogado Rafael Perera. En cuanto al desenlace, el veterano letrado vaticina que "en la Audiencia prosperarán los recursos del fiscal Horrach y de las demás partes; si tuviera que hacer quinielas, apostaría claramente por ello", sentencia, añadiendo que en su opinión "no hay motivos suficientes para acusar a la Infanta". Perera habla claro: "Pienso que [la hermana del Rey] no llegará nunca al banquillo de los acusados".

Para el letrado Jaume Campaner, del bufete Valdivia&Campaner, el auto tampoco fue una sorpresa, a la vista del curso que ha seguido la instrucción. Preguntado por si el Ministerio Público recurre por norma una petición de enjuiciamiento solicitada por el instructor, o bien se trata de una excepción, Campaner reconoce que "evidentemente no suele ser habitual que el fiscal recurra una imputación ni una inclusión de una persona imputada en el pase de las diligencias previas al procedimiento abreviado, que es la fase en la que nos encontramos, lo que no significa que no sea lo procedente", recalca. Según este letrado, "si el fiscal considera que [la Infanta] no ha de ser sometida a la pena del banquillo, está en todo su derecho y debe ser su obligación el recurrir". De hecho, Jaume Campaner apunta que "ojalá se generalizara [esta actitud] y la Fiscalía recurra las imputaciones de encausados en otros asuntos", pero insiste en que la impugnación que prevé hacer el fiscal Anticorrupción en este caso le parece "técnicamente correcta".

Preguntado sobre cuál puede ser el resultado final ahora, el letrado señala que "es difícil hacer valoraciones de si prosperará o no el recurso; en lo que se refiere a la doctrina de la Audiencia, hasta ahora lo que establece es que si la cuestión es discutible debe ser en juicio donde se dirima, y no con carácter previo".

"Por la línea que ha llevado la investigación y la actitud del instructor, era previsible" el auto de ayer, manifiesta Josep de Luis. Este abogado inquer añade que "es verdad que cualquier defensa o acusación suele recurrir el auto de transformación de diligencias previas a procedimiento abreviado; lo que no suele ser muy habitual es la postura que el Ministerio Fiscal está adoptando en este caso", para tratar de impedir que la hermana del Rey sea finalmente procesada. Con todo, De Luis remarca que en el nuevo recurso anunciado por Pedro Horrach "no hay nada que se salga de la norma".

"El auto no me ha sorprendido en absoluto", se suma a sus colegas Llorenç Salvà, del bufete Buades, quien cuida de resaltar que por sí misma la resolución de Castro "no significa que la Infanta vaya a juicio ni se siente en el banquillo". Salvà recuerda que tanto la Abogacía del Estado como el fiscal Anticorrupción han dejado claro que no acusarán a doña Cristina, y "el único que ha mostrado este criterio ha sido la acusación popular", el sindicato Manos Limpias. Por todo ello, "el debate será si basta la acusación particular para poder abrir o no juicio contra ella; se ha discutido mucho con las llamadas doctrina Botín y doctrina Atutxa", rememora este abogado, que se desmarca del parecer mayoritario de sus compañeros y cree que la hija del rey Juan Carlos sí puede llegar a ser enjuiciada.

En su opinión, los delitos que el juez imputa a la Infanta "lo son contra un bien jurídico público, que haría que la acusación popular pudiera estar legitimada" por sí sola para seguir adelante, aunque "no sé lo que decidirá la Audiencia", apunta. "Bajo mi punto de vista, el fiscal seguro que sí solicitará responsabilidades civiles a la Infanta, aduciendo que ella no estaba dentro del plan criminal, pero se benefició del mismo, por lo tanto tiene que devolver el dinero", sostiene Salvà. "Creo que es lo más sensato", remacha.

"Lo que me hubiera sorprendido es un auto en sentido contrario; dada la postura del juez Castro, el de ayer sigue la lógica", afirma Isabel Fluxà. ¿Irá o no la Infanta a juicio? La abogada lo pone en duda: "El delito fiscal son habas contadas; o supera los más de 120.000 euros o no hay delito", señala. Recuerda además que la Audiencia ya dijo en su día que "no había pruebas suficientes" que lo sustentaran, y que los técnicos de Hacienda y los peritos que han declarado "cada uno decía una cosa distinta". En cuanto a la acusación de blanqueo, "sin conocer a fondo el sumario, lo veo cogido con pinzas". En cualquier caso, "la Sala [en alusión a la Audiencia] determinará", apostilla.