Iñaki Urdangarin, que ocupaba el cargo de presidente de Nóos, se presentó ante Castro como una simple figura decorativa dentro del instituto. Pese a ese intento de quitarse importancia, el juez le sitúa al frente de una trama delictiva con la que logró amasar en poco tiempo una estimable fortuna, la mayoría procedente de fondos públicos. Urdangarin se sentará, con toda seguridad, en el banquillo de los acusados. Puede, incluso, que lo haga junto a su esposa. El magistrado le imputa hasta ocho delitos distintos, por los que podría ser condenados a penas que sumarían más de 20 años de cárcel. El duque de Palma ha sido procesado por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias, estafa, falsificación en documento mercantil, falsedad en documento oficial y delito contra la Hacienda pública. En el hipotético caso de que alcanzara un acuerdo con la acusación, es complicado que pueda evitar su ingreso en prisión.
El auto elaborado por el juez Castro hace una narración del historial empresarial de Urdangarin, sobre todo a partir del momento en el que se asocia con su profesor, Diego Torres. Ambos compran una empresa ya existente y la transforman en el instituto Nóos. Se trata de una sociedad sin ánimo de lucro (al menos en teoría), que utilizaban para vender sus proyectos. Urdangarin era el presidente y la imagen de la empresa. Torres era el cerebro. El duque de Palma consiguió culminar negocios con tres administraciones autonómicas. Empezó en Valencia, siguió en Balears y terminó en Madrid. Consiguió más de seis millones de euros de las administraciones para financiar su proyecto estrella, que era organizar encuentros sobre turismo y deporte. El juez no tiene ninguna duda de que Urdangarin consiguió este trato de favor por su condición familiar. No era necesario que se presentara como yerno del Rey. Los políticos lo sabían y se plegaban a todos sus deseos. Ninguno de sus proyectos tuvo que superar un concurso público, ni tuvo que presentar un documento donde especificara un detallado presupuesto de gastos. Su posición familiar evitaba todos estos trámites.
Urdangarin ha mantenido que abandonó el instituto Nóos desde el momento que el conde de Fontao, el emisario del Rey, le aconsejó que se desligara de estos proyectos. Sin embargo, el juez asegura que miente. Aunque formalmente no aparece relacionado, Castro afirma que Urdangarin estaba al frente de los dos proyectos que creó después de dejar Nóos, que fueron las fundaciones Areté y Deporte, Cultura e Integración Social. El duque de Palma no presidía estas fundaciones, pero las dirigía desde la sombra, junto a Diego Torres y, sobre todo, se aprovechó de los beneficios económicos.
Desidia de las administraciones
Sobre el dinero público al que tuvo acceso el yerno del Rey, el juez reparte las culpas. Cree Castro que no se justifica que ninguna administración realizara esfuerzo alguno para pedir cuentas al duque de Palma sobre el destino del dinero. Castro señala que los políticos tenían interés en contratarle para que desplegara su influencia porque era pariente del monarca.
En ningún caso el juez reconoce que la figura de Urdangarin dentro del entramado Nóos fuera decorativa, como sostuvo el duque en sus dos declaraciones. Al contrario, estaba al frente de las empresas que manejaban el entramado, tomaba decisiones económicas e incluso participaba en las maniobras para sacar los beneficios al extranjero. Y por supuesto, pese a que reiteraba a sus clientes que el instituto que presidía no tenía ánimo de lucro, obtuvo millonarios beneficios personales, que recibió justificando que se trataba de su sueldo. Castro mantiene que Urdangarin montó, junto a su mujer, la sociedad Aizoon para defraudar. Utilizó esta empresa para camuflar las millonarias cantidades que fue recibiendo a través de su corta, pero fructífera, actividad empresarial.
