Ya lo había dicho públicamente en una conferencia que impartió en Pollença, pero nunca se había atrevido a defenderlo por escrito. Pedro Horrach cuestiona que siga existiendo la figura del juez instructor, porque defiende que la labor de la investigación de un delito debe corresponder al fiscal, ya que después se encarga de representar la acusación en la vista oral. El fiscal señala que es "material e intelectualmente imposible instruir y no prejuzgar". Como también es imposible "instruir sin convertirse en parte" y al mismo tiempo "ser el órgano valedor de las garantías de los derechos de las partes". Horrach critica el actual sistema procesal porque afecta al principio acusatorio.
El escrito presentado ayer por la fiscalía reitera la necesidad de que se amplien los controles cruzados para garantizar el respeto a los principios de imparcialidad y objetividad que deben marcar las decisiones de los jueces. Cree que si se representa al mismo tiempo el papel de juez y parte se desemboca "en la falta de imparcialidad y objetividad en la valoración de los hechos". Mucho más cuando se trata de asuntos complejos, como es el caso Nóos, donde al tener que resolver tantos recursos se termina "en una contaminación en cadena". Cree Horrach que si el sistema no se cambia es porque los jueces quieren mantener el poder del que disfrutan, aunque ello afecta a la eficacia "y a la garantía de los derechos de las partes".
El fiscal apuesta por la figura de un juez que se sitúe por encima de las partes y que garantice los derechos de los imputados.
Lógicamente aprovecha esta reflexión para atacar de nuevo al juez Castro, al que acusa de haber asumido funciones que no le corresponden como instructor. Cree que el método que ha seguido Castro en ocasiones en el caso Nóos se ha convertido "en una expedición de pesca, gratuita e inútil". Se refiere a las pruebas e informes que ha pedido por iniciativa propia, en contra de la opinión del fiscal, así como las decisiones que ha adoptado, como la imputación de la Infanta, pese a la oposición de la fiscalía.
Horrach mantiene que Castro ha asumido, sobre todo después del auto de la Audiencia que congelaba la imputación de la Infante, "aparte de sus competencias propias, el rol de parte acusadora". Y lo hizo sin que la fiscalía "abandonara su labor" de perseguir el delito. Horrach le recuerda de nuevo al juez que la ley determina que sea la acusación, la pública o particular, la que determine qué imputados deben ir a juicio y de qué delitos hay que acusarles. También recuerda que es la acusación la que asume la carga de la prueba en un juicio, por lo que sería lógico que también asumiera la decisión de dirigir la investigación y no lo hiciera el juez, cuya función y competencias "finalizan con la fase de instrucción".
"Se hace necesario delimitar el alcance del ámbito investigador del instructor en aquellos casos en los que la partes acusadoras no sostienen la acción investigadora por la inexistencia de indicios incriminatorios". Es decir, el fiscal cree que Castro se ha extralimitado en su función al investigar a la infanta Cristina y después imputarla por dos delitos tributarios y otro de blanqueo, cuando la acusación se oponía a que se siguiera esta línea porque se sostenía que no existían pruebas suficientes para acusarla en un juicio.
Horrach recuerda que de momento no se ha habilitado al juez instructor (Castro) para que pueda ejercer la labor de acusación ante el tribunal que va a juzgar el caso Nóos. Por tanto, "por simple congruencia", defiende que se otorgue la responsabilidad de investigar el delito al profesional que después asumirá el ejercicio de la acusación. Horrach cree que ello no supondrá la eliminación de ningún poder que en estos momentos disfrutan los jueces, sino que tendrán que ejercer la labor que les concede la Constitución, que es la "salvaguarda de los derechos fundamentales y garantía de igualdad de armas entre las partes".
En esta línea de reflexión, el fiscal cree que si los escritos de acusación que se presentan antes del juicio, que representan una competencia exclusiva de la acusación, "son la culminación del proceso instructor, el principio acusatorio debe forzosamente desplegar sus efectos durante todo el proceso". Por tanto, Horrach aboga por un cambio drástico en la ley procesal, donde se le otorgue al fiscal la tarea de investigar un delito, sin la intervención directa del juez instructor, y decidir qué actuaciones realiza y qué pruebas dispone para ejercer después la acusación durante el juicio. El juez debe desarrollar una labor garantista, para velar por el cumplimiento íntegro de la ley, en una posición superior, tanto a la acusación como a la defensa.
Algunos juristas criticaron ayer que se realice este tipo de reflexión en un recurso contra el procesamiento de la Infanta, porque no es el foro adecuado para hacerlo.
