Si se confirma la decisión que comunicó ayer el juez Castro, el banquillo de los acusados del futuro juicio del caso Nóos lo ocuparan 16 personas. Si no lo impide la Audiencia, por primera vez se juzgará a una familiar del Rey por una causa de corrupción, derivada de sus negocios particulares que se beneficiaron de fondos públicos. La infanta Cristina tendrá que responder de dos delitos fiscales y uno de blanqueo de dinero. Mucho peor lo tiene su marido. Urdangarin ha sido procesado por un rosario de delitos que si es declarado culpable, prácticamente le sitúan a las puertas de la cárcel. Dependerá de si devuelve o no el dinero. No menos responsabilidad en el caso asume Diego Torres. Compartirá el banquillo con su esposa Ana María Tejeiro, que también se enfrenta a un ramillete de acusaciones por formar parte del entramado Nóos. La mujer se sentará junto a sus hermanos Miguel y Marcos Tejeiro, que tuvieron un papel fundamental en el montaje de la estructura empresarial del instituto Nóos.

Jaume Matas volverá también a afrontar un nuevo juicio. Este caso es mucho más grave que los otros juicios que ha tenido. El juez le acusa de dar dinero público al yerno del Rey sin preocuparse por el control de estos fondos. La decisión personal de Matas ha arrastrado también al banquillo a tres de los altos cargos que nombró. El más importante es Pepote Ballester. El president nombró al medallista olímpico director general de Deportes. Urdangarin se aprovechó de su amistad con Ballester para llegar al president y así acceder al dinero público. Ahora mismo Urdangarin y Ballester no se hablan, pese a que tiempo atrás el medallista fuera uno de los mejores amigos que la Infanta tenía en Mallorca.

Otros altos cargos que, según el juez, merecen ser juzgados son Juan Carlos Alía, Gonzalo Bernal y Miguel Ángel Bonet. Los dos primeros eran directores generales de empresas públicas del Govern. El juez les acusa de dar órdenes a sus subordinados para que de una forma irregular se procediera a la contratación directa de Urdangarin, sin el previo paso por un concurso público. Bonet, como asesor jurídico de Ibatur, vistió después el expediente para justificar esta contratación.

Los políticos de Valencia también tendrán que responder por la irregular contratación de Urdangarin, que logró ingresar más de cuatro millones de euros de la Generalitat. El duque logró conquistar a los políticos de Valencia gracias a sus contactos en las más altas instancias. El juez Castro, pese a su intento, no ha logrado llevar al banquillo al expresident Camps ni a la alcaldesa Rita Barberá al sospechar que estos dos políticos ordenaron la contratación directa de Urdangarin. Pero el Tribunal Superior de Valencia lo impidió. Solo permitió que se les citará como testigos e incluso a uno de ellos se le permitió declarar por escrito. Sin embargo, Castro enumera en su auto el rosario de irregularidades que se cometieron en esta contratación que, al igual que pasaría en Balears, se permitió que el duque de Palma se quedara con dinero público, sin dar explicaciones sobre su destino. El juez ha decidido procesar a Luis Lobón, José Manuel Aguilar, Elisa Maldonado y Jorge Vela, que fueron los altos cargos que gestionaron la contratación del duque. También ha procesado a la exmedallista Mercedes Coghen, por la subvención que el proyecto Madrid 16 concedió a una fundación relacionada con Urdangarin, para que utilizara sus influencias en el Comité Olímpico.

El auto del juez exculpa a otros personajes que han tenido un papel significativo en esta trama. Uno de ellos es Carlos García Revenga, el secretario de las infantas, que formó parte del consejo de administración de Nóos. También se exculpa al que fuera empleado del duque, Mario Sorribas, así como a Luis Tejeiro, otro de los cuñados de Torres, que tuvo una intervención mínima en los negocios. Robert Cocks, el presunto testaferro de Urdangarin, también ha sido exculpado, al igual que Salvador Trinxet, el abogado de Barcelona que facilitó a los directivos de Nóos que pudieran comprar empresas en el extranjero, para desviar el dinero. Miguel Zorío, el socio del duque en Valencia, ha sido exculpado. También evitan el banquillo el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau y los político de Madrid, Miguel de la Villa y Gerardo Corral.