No es el dinero, es la burla al contribuyente. Cristina de Borbón culminó ayer su labor de descrédito internacional de la monarquía española. Ha conseguido que Froilán se convierta en una opción más razonable para el trono que su tía. José Castro ha vuelto a elegir un camino arduo para enfrentarse a la connivencia gubernamental con la hija y hermana de reyes. En el auto de un humilde juez de Instrucción, el matrimonio Borbón/Urdangarin bate el récord olímpico de la presunta corrupción, al optar a 28 nominaciones delictivas en una sola causa. Estas cualificadas opciones se habrían duplicado de no mediar el veto parcial de la Audiencia de Palma.
Buscando en Google las palabras "blanqueo, mafia", se obtienen 400 mil menciones. Otras 400 mil asocian "blanqueo, mafioso" en la búsqueda. En la versión inglesa, hasta 1.200.000 páginas responden al rastreo en inglés de lavado o "laundering, mafia". Por tanto, la sociedad establece una conexión inmediata entre el reciclado de fondos de origen delictivo y las actividades mafiosas.
La concatenación con el hampa otorga una gravedad añadida a la estimación judicial de que, en el caso Infanta, "los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales, y que del mismo podría reputarse autora a Cristina de Borbón". Incluso la Agencia Tributaria, que ha examinado el caso con un ojo tapado, reconoce que los implicados "constituían un entramado", versión refinada de la asociación delictiva.
¿En qué manejos se embarcó una pareja sobresaliente de la Familia Real, para verse investigada por una fiscalía de revelador nombre completo, "contra la Corrupción y el Crimen Organizado"? La número seis en la sucesión al trono y duquesa de Palma, dos títulos de caducidad inminente, mostró según la documentación del auto una "ignorancia deliberada" o se comportó como una "mujer de paja". Son dos licencias que una personalidad de su rango no puede permitirse. Carece del amparo de la inconsciencia.
Mientras Miquel Roca demostraba ayer que han pasado cuarenta años desde que fuera un padre de la Constitución, el abogado defensor de Cristina de Borbón salía raudo en su auxilio. En efecto, Pedro Horrach sentenciaba que "la Infanta ha sido imputada por ser quien es", la realeza como castigo. Por tanto, "la Infanta ha de ser desimputada por ser quien es", aunque quizás no se necesiten 600 folios para que la razón de Estado se derrumbe sobre el juez Castro.
La virulencia estatal contra la justicia demuestra que el procesamiento de Cristina de Borbón no es un ejemplo de normalidad democrática, por mucho que repiquen los cortesanos. Demuestra al contrario la anormalidad en el funcionamiento de las instituciones, que solo ha sido corregida por un juez impermeable y tozudo. A solas. La imputación de la Infanta en el caso Infanta jamás hubiera prosperado en el Supremo, de ahí el aforamiento masivo de reyes, príncipes, cuñados y mascotas de la Familia Real.
Por fin Cristina de Borbón adquiere el protagonismo que le corresponde, con un centenar de menciones en el auto. Castro se niega a retirar la imputación de la hermana del Rey aunque la susodicha creyera que la rentable empresa Aizoon era "una sencilla y entrañable entidad familiar", donde el lector no olvida que "entrañable" es el adjetivo dirigido por la gentil Corinna a Juan Carlos de Borbón. El derroche de afectos íntimos condujo al aprovechamiento económico de la pandilla de Nóos. Los muy corruptos gobiernos de Valencia y Balears aportaban millones de euros, "advertidos de que ninguna rendición de cuentas les sería exigida". No pueden alegar coacción regia, Pasqual Maragall se negó a pagar.
Decepcionado por la pobreza argumental de las defensas pública y privada de la Infanta, el auto le concede el refugio hipotético de la "veneración o amor que profesaba a su marido". Sin embargo, prefiere que un tribunal se pronuncie sobre las vísceras cordiales. En realidad, la corrupción por devoción conyugal debilita el concepto de relación amorosa sin fortalecer la valoración del comportamiento de la Infanta. Es cierto que Bonnie and Clyde también trabajaban en el sector de la banca por amor, pero no como ejecutivos de una entidad financiera.
La narración cruda de los hechos no muestra el descuido confiado de una esposa cristiana, sino una ligereza tan inadecuada como improbable en una hija de Rey. El auto afirma que el entramado pretendía "rentabilizar económicamente el área de influencia que se derivaba del parentesco de Urdangarin con la Casa Real, a través de su matrimonio con Cristina de Borbón". Sin ánimo de enmendar la plana al instructor ni de pecar de plebeyos, por qué no al revés. La codicia pudo emanar de La Zarzuela gracias a un vector óptimo, en lugar de infectar el inmaculado palacio.
El procesamiento del matrimonio Borbón/Urdangarin ha de contribuir a aliviar el "martirio" -Spottorno dixit- que la porción indeseable de la Familia Real ha infligido a sus conciudadanos "sin ninguna caridad" -Alberto Aza dixit, también en sentido inverso al auténtico-. Como prueba irrebatible, los dueños de la plusmarca de presunta corrupción conyugal viven como reyes en Ginebra, en mejores condiciones que la práctica totalidad de los contribuyentes a quienes según el auto engañaron con la "simulación de supuestos gastos por servicios realmente inexistentes".
Urge cambiar el título de duques de Palma de Mallorca por el de duques de Calabria Dos Sicilias, vista la pasión demostrada por la pareja hacia los circuitos económicos subterráneos. Si el escándalo es ajeno a la corona porque, de nuevo en labios de Alberto Aza, Urdangarin carece de "responsabilidad institucional", ¿cómo se explica que en tiempos del citado jefe de la Casa del Rey se le autorizara a utilizar el yate Fortuna como un vehículo familiar, a decenas de miles de euros la singladura? La Zarzuela y Marivent solo contratan a profesionales especializados en mirar a otra parte.
El auto solitario de Castro desenmascara la extravagante actuación de la Agencia Tributaria y de la abogacía del Estado en el proceso. Ambas degradadas instituciones cargan con una culpa adicional, frente a los gobiernos balear y valenciano. Los ejecutivos autonómicos confiaron en la impunidad de un Instituto Nóos sinónimo de lucro "por el parentesco de dos de sus miembros con el Rey".
En cambio, Hacienda y la abogacía estatal han arruinado su prestigio con luz y taquígrafos. Para empezar, la investigación tributaria de la fantasmal Aizoon solo se abrió después de que se difundiera la investigación judicial de las finanzas de Urdangarin. Una simultaneidad dudosamente "aleatoria", en contra de lo manifestado por una inspectora ante el juez. Por no hablar de la citación que se aplaza mientras los Borbón/Urdangarin cambian apresuradamente la sede de su empresa al cincuenta por ciento, hasta entonces domiciliada sin empacho en el palacete de Pedralbes.
No procede aburrir al lector con la actuación de una abogada del Estado que le pregunta a una inspectora de élite quién sale perjudicado en caso de fraude fiscal, un exceso banalizador que agotó la paciencia del instructor. Pese a las zancadillas de los teóricos representantes jurados de los ciudadanos, la Infanta deberá responder por sus actos. Es un alivio leer sin cautelas que "colaboró activamente" con Urdangarin, aparte de embolsarse un millón de euros como accionista de Aizoon sin preguntar. Y por supuesto, se necesita ser muy ingenuo o muy cínico para imaginar que el balonmanista acumulaba consejos de administración a cientos de miles de euros por sus dotes financieras, y no por su matrimonio.
Castro vadea el lago de corrupción con un hartazgo que se detiene en Carlos García Revenga. El dicharachero secretario de las Infantas es el único miembro del quinteto fundador de Nóos que no se sentará en el banquillo según el auto. Y ello a pesar de que "pudo prestar asesoramiento y colaboración" al matrimonio Borbón/Urdangarin. Aunque su "apoyo" no fuera "decisivo para los supuestos delitos", cuesta imaginar su continuidad junto a un Felipe VI que prometió acabar con esta plaga. Salvo que prefiera que la epidemia lo devore.
