El Tribunal Superior ha ordenado que el Govern Bauzá siga pagando a la Farmacia Bauzá 2.400 euros diarios, a razón de cien euros por hora sin desperdiciar ni las de sueño. Es la segunda y más previsible sentencia sobre los negocios del farmacéutico, después del sorprendente veredicto ciudadano en las elecciones europeas, donde el farmacéutico perdió dos de cada tres votos.

Al dispensar a Bauzá el mismo trato deferente que a sus predecesores Cañellas y Matas, el TSJ ahonda en su gloriosa tradición. Nunca ha condenado a un dirigente del PP en una causa diligenciada en su seno. Frente al esfuerzo impagable con refrendo del Supremo de la fiscalía anticorrupción, los jueces de instrucción y la Audiencia, el Superior es uno de los mayores culpables institucionales de que Balears se haya visto engolfada por la corrupción, según han reconocido públicamente algunos de sus miembros.

El 3-2 de Bauzá remite a la victoria mínima de Matas en idéntico estadio, un 4-3. A falta de que el tiempo remate las comparaciones, Bauzá remedó ayer la rueda de prensa triunfal de su predecesor tras una condena del Supremo, después de que el presidente de la sala y otro magistrado le declararan abiertamente incompatible. Extrañamente eligió el Consolat y no la farmacia de donde proceden la inmensa mayoría de sus ingresos de fondos públicos. El TSJ le ha dado alas para seguir vigilando desde el Govern la marcha de sus otros negocios.

Dos magistradas pretendían incluso que no se importunara a Bauzá con un contencioso, son los excesos comprensibles en los procesos de canonización. O quizás divinización. Curiosa empresa, que rechaza a sus clientes. Sorprende asimismo que la defensa cerrada del farmacéutico a cargo del tribunal, no venga acompañada de un compromiso de los jueces de contribuir con una aportación suplementaria al millón de euros que la Farmacia Bauzá recibe del Govern Bauzá. El dinero de los magistrados comprometidos se descontaría de súbditos menos convencidos de pagar a un president por partida doble. O triple.

Mallorca contrajo ayer una deuda no económica con los magistrados Gabriel Fiol y Pablo Delfont. El segundo ha librado en su voto particular una auténtica lección de derecho no exenta de ironía. Sobrecoge su conclusión de que el Tribunal ha dejado de "aplicar la ley". En efecto, el TSJ ha rechazado la Ley de Incompatibilidades aprobada por el PP en 1996. La ha anulado, porque es difícil imaginar una actividad de Bauzá que no recibiera el apoyo entusiasta de los jueces. Esta sala se proclama así una instancia antisistema, tal vez se está llevando demasiado lejos el influjo de Podemos.

En cambio, los seguidores del ponente Fernando Socías se sentirán decepcionados por la ínfima calidad de la sentencia compatible. ¿Dónde se ha ido el brío de su voto disidente sobre el TIL? La primera falsedad aparece en el cuarto folio, cuando se da por hecho que Bauzá se desligó de la vinoteca en cuanto llegó al Govern, contradiciendo los datos oficiales del Registro Mercantil y la versión ajustada de Fiol, que recuerda que no hubo desvinculación hasta que no se divulgaron los negocios en la prensa, un año después de la toma de posesión.

Bauzá se presentó a las elecciones sin anunciar que pensaba compatibilizar la presidencia con la farmacia más rentable de Mallorca y otros negocios. El conmovedor amparo que le brinda el TSJ destaca que una farmacia "está sujeta a fuertes mecanismos de control e intervención administrativa". En lugar de concluir que esta discrecionalidad del Govern hace muy peligroso que Bauzá tenga un pie y una bolsa a cada lado, la sentencia refiere estremecida que "la actividad comercial de una farmacia está limitada". Sin duda serán estos "fuertes mecanismos" los que provocan que nadie quiera abrir nuevas farmacias, y que los farmacéuticos en ejercicio echen el candado en estampida para montar tiendas de bolsos, mucho menos "limitadas".

Delfont responsabiliza a sus colegas de citar sesgadamente los casos del Supremo que sustentan la santificación de Bauzá. Es una acusación grave, y que en un foro distinto del TSJ supondría una aclaración en aras de la transparencia. Sin embargo, el uniformado Bauzá debe estar feliz de que se le hayan aplicado -"traumáticamente", según el voto particular- cuatro sentencias protagonizadas por guardias civiles que compatibilizaban sus menguados sueldos con un pequeño plus.

La sentencia muestra un desprecio absoluto por la dignidad de president de Balears en representación de un millón de ciudadanos. No hay ninguna consideración sobre la exigencia adicional del título oficial de Molt Honorable. El rastreo de la empatía con los ciudadanos que abonan religiosamente todos los sueldos de Bauzá se remite al voto particular de Fiol.

Sin embargo, la innovación más sobresaliente de la Sala de lo Contencioso del TSJ consiste en sentenciar de modo radicalmente opuesto a como lo hizo en un caso "sustancialmente idéntico". Es decir, la consellera socialista Aina Salom era incompatible con una farmacia, en tanto que el president del PP es absolutamente compatible. Mediante esta "mutación", en palabras de Delfont, la sala se desmiente a sí misma. La única conclusión lógica es que no sabe lo que dice, o ahora o entonces. Por lo menos, mientras dos cosas iguales a una tercera sean iguales entre sí, la versión euclídea del Derecho. No pensábamos que un foro tan campanudo alumbrara un texto sometido a la Ley de Groucho. "Estos son mis principios y, si no le gustan, tengo otros".

¿Qué diferencia hay entre Salom y Bauzá? Dos juezas -una de ellas muy preocupada el martes cuando fue sorprendida por los fotógrafos sin haber pasado por la peluquería- sostienen que un varón de derechas es compatible, en tanto que una mujer de izquierdas es absolutamente incompatible.

Alicia Ortuño, la miembro del tribunal sentenciador que considera que nunca se debió importunar al pluriempleado Bauzá, es la responsable en Balears de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Gabriel Fiol, presidente de la sala y autor de un voto particular en catalán, es el representante de la progresista Jueces para la Democracia. La diferencia, como viene siendo habitual en la historia de Mallorca, es que el juez menorquín ha votado homogéneamente la incompatibilidad de los negocios de una política socialista y de un presidente popular, bajo el criterio de "tomar en cuenta los principios de austeridad". ¿Cómo hubiera sentenciado la sala antisistema a un president del PSOE? Con otros principios.