El Consell Escolar es el máximo órgano de consulta del sector educativo y sus informes son preceptivos, pero no vinculantes. Ayer, algunos de sus representantes denunciaron el mal funcionamiento del organismo durante esta legislatura y el "uso perverso e irresponsable" que hace la conselleria de Educación, al ningunearlo y utilizarlo para "justificar sus políticas".

Así lo deploraron ayer los representantes de la federación de APAs, los sindicatos STEI-i, FETE-UGT y CC OO y Martí March, catedrático de la Universitat que acude al Consell Escolar como delegado de la UIB. Registraron su queja por escrito en la sede de Educación.

March habló en nombre de todos cuando lamentó que el Consell Escolar no está ejerciendo su función como órgano de participación de la comunidad educativa, ya que ha quedado reducido a un ente "pasivo" cuando podría ser un elemento clave para fomentar el consenso y el diálogo y contribuir a acabar con la conflictividad que vive en el sector.

Dejadez e improvisación

El catedrático se quejó de que aunque Educación encarga y espera los informes del Consell Escolar (aunque no siempre: por eso el TSJB anuló el calendario de aplicación del TIL una semana antes de que empezara este curso), ignora las aportaciones que se hacen en estos informes y que simplemente se lo toma como una trámite con el que hay que cumplir y punto, lo que se traduce en dejadez, improvisación y mal uso.

Por ejemplo, los representantes pusieron de ejemplo el abuso que se hace de la vía de urgencia para hacer informes, lo que les deja poco tiempo para estudiar las normativas y resoluciones sobre las que han de pronunciarse. Un ejemplo han sido los currículos de la LOMCE, señaló March: "Un documento de cien páginas". El académico es contrario a la ley Wert pero consideró que "estés de acuerdo o no" tanto el Consell Escolar como la propia conselleria deberían asegurarse de que "se aplique bien y con tiempo".

Biel Caldentey, secretario general del STEI-i, añadió que es inaceptable que la consellera Camps utilice el Consell Escolar como "correa de trasmisión de sus políticas" y señaló que tras el recorte que sufrió el órgano en junio de 2012 (se incluyó como medida de contención del déficit público) la representación administrativa equipara a la de la comunidad educativa.

Llabrés: "portavoz de Educación"

Los convocantes de esta rueda de prensa indicaron que el presidente del órgano de consulta, Jordi Llabrés, no cumple con el papel que le corresponde (recordaron que cada año el Consell Escolar realizaba un informe del sistema educativo y en esta legislatura ninguno ha visto la luz) y actúa como "portavoz de la conselleria". Todos coincidieron en deplorar su ineptitud.

La idoneidad de algunos miembros del órgano ha sido puesta en cuestión este curso, como la de Fernando Alcántara. El ex director del CEIP de la Colonia de Sant Jordi investigado por delitos de falsedad documental, coacciones y amenazas acudía al Consell Escolar como representante de Educación hasta que dimitió poco después de desvelarse el caso.

Asimismo, FAPA recurrió el nombramiento de Ana Redondo, concejal del PP de Valldemossa que entró en el órgano como "persona de reconocido prestigio" pese a no tener ninguna experiencia ni vinculación con el sector educativo.