Los cinco magistrados que forman la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears han resuelto que José Ramón Bauzá puede compatibilizar su cargo de president del Govern de les Illes con la propiedad de su farmacia en Marratxí. La sentencia cuenta con los votos favorables de tres de los jueces, mientras que otros dos votaron en contra de rechazar la denuncia de incompatibilidad interpuesta por PSOE y MÉS, y por lo tanto de declarar incompatible a Bauzá.
En esencia, los magistrados argumentan que Bauzá nombró un sustituto antes de asumir el cargo de jefe de ejecutivo y "se limita a ser titular de un patrimonio económico que, obviamente, genera beneficios, pero sin que dicha propiedad sea causa de incompatibilidad" porque ni siquiera administra la empresa.
"El criterio de la parte demandante conduce a que ningún profesional podría acceder a ser miembro de un gobierno porque en dicho gobierno siempre se adoptarán decisiones colegiadas que afectan a su profesión", sostiene el tribunal, que defiende una interpretación que permita "el acceso a la vida pública a profesionales con actividad privada, por que ello redunda en beneficio de la sociedad".
La sala señala que hay jurisprudencia que avala "la titularidad de empresa como supuesto de patrimonio personal o familiar exceptuado de la regla general" de incompatibilidad, algo particularmente justificable en el caso de una actividad como la del despacho de farmacia, "sujeta a fuertes mecanismos de control e intervención administrativa".
Esto se refuerza en el caso de Bauzá con el nombramiento de un sustituto, que "libera de toda responsabilidad profesional al titular", y que además es una fórmula expresamente prevista por la Ley de Ordenación Farmacéutica para farmacéuticos que ocupen cargos públicos.
Los jueces entienden que la Ley de Incompatibilidades balear "lo que prohíbe al alto cargo es el 'desempeño' de una segunda actividad en el sector público o privado, y la simple titularidad de una empresa no implica necesariamente desempeño o ejercicio de la misma".
Resaltan también que la Farmacia Bauzá "no ha firmado contrato alguno ni ha tramitado factura a la Conselleria de Salud, puesto que los ingresos que percibe procedentes de fondos públicos se tramitan a través del Colegio de Farmacéuticos.
La sala de lo contencioso-administrativo del TSJIB admite en su sentencia que con la decisión de hoy altera la doctrina que fijó en 2007 al fallar a favor de la incompatibilidad de la ya entonces exconsellera de Salud del PSIB Aina Salom, también propietaria de una farmacia, en "un supuesto sustancialmente idéntico", puesto que también había designado sustituto.
Afirman los magistrados que este cambio de criterio está "debidamente" justificado y que se sustenta particularmente en que la farmacia de Bauzá no tiene ningún contrato específico con la administración pública y la de Salom sí lo tenía.
El tribunal resuelve también que no hay incompatibilidad en que el presidente del Govern y líder del PP balear sea dueño y fuese administrador al inicio de su mandato de dos empresas, ya que en ambos casos la actividad de las sociedades se ha limitado al arrendamiento de inmuebles.
Una hora y media de reunión fue suficiente para decidir el futuro judicial de Bauzá. La deliberación comenzó poco después del mediodía de ayer. La reunión la presidió el magistrado Gabriel Fiol y asistieron los jueces Pablo Delfont, Fernando Socías, Carmen Frigola y Alicia Esther Ortuño.
Por estricto orden de reparto el tribunal designó ponente al magistrado Fernando Socías, que ha sido quien se ha encargado de estudiar a fondo los escritos que han presentado los demandantes, a los que han respondido tanto el president Bauzá como la abogacía de la comunidad autónoma, que defiende la compatibilidad del jefe del Ejecutivo.
La denuncia fue presentada en 2012
PSIB y MÉS presentaron en diciembre de 2012 un recurso contra el acuerdo del Consell de Govern del 19 de octubre de 2012, por el que el ejecutivo autonómico archivó las actuaciones previas (el expediente) sobre la incompatibilidad del presidente.
Los dos grupos de la oposición denunciaron la posible situación de incompatibilidad del presidente Bauzá por ser propietario de una farmacia y máximo responsable del Govern, y advirtieron de que si el TSJIB resolvía a su favor podía implicar la inhabilitación del mandatario autonómico por dos años si se consideraba falta grave y hasta seis si se calificaba de muy grave.
Los recurrentes sostenían que la Ley de Incompatibilidades fija claramente que no se pueden tener actividades económicas privadas que den ingresos y ser presidente del Govern.
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