El juez de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha retirado hoy la imputación de forma provisional al arquitecto Santiago Calatrava en la investigación del contrato para elaborar un anteproyecto para construir un palacio de la ópera en Palma.
Castro ha adoptado la decisión en un auto sobre la pieza separada número 3 del llamado caso Palma Arena, en la que se investiga ese proyecto y en la que continúa imputado el expresidente del Govern, Jaume Matas, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares en un comunicado.
En el auto de hoy, Castro ha desimputado provisionalmente también al exconseller de Educación y Cultura Francesc Fiol; al ex secretario general de la Conselleria de Educación, Sebastián Vanrell, y al ex gerente del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales (Ibisec), Andreu Obrador.
El Govern pagó 1,2 millones por el anteproyecto para la construcción de la ópera mediante un contrato que gestionó el Ibisec cuando Fiol era conseller.
El juez instructor atiende en su auto de sobreseimiento la petición de la Abogacía de la Comunidad Autónoma de Baleares, que ejerce la acusación en la causa, y que planteaba que la desimputación del arquitecto y los tres exaltos cargos se dictase de forma provisional.
La defensa del exconseller Francesc Fiol había solicitado para él el sobreseimiento libre y la Fiscalía había pedido también su desimputación, pero de forma provisional y con la reclamación de que se le cite como testigo.
El juez Castro ha atendido este requerimiento respecto al antiguo responsable del departamento autonómico de Educación y Cultura con el Govern de Jaume Matas y le ha citado para tomarle declaración en calidad de testigo el próximo lunes a las 10.00 horas.
En la pieza número 3 del caso Palma Arena se investiga el encargo en 2007 al arquitecto valenciano por parte del expresidente balear Jaume Matas de un proyecto para construir un gran palacio de la ópera en Palma, en la zona portuaria situada frente a la catedral.
El que fuera líder del PP balear, sobre quien pesan ya dos condenas por corrupción, no pudo presentar en público el proyecto como pretendía poco antes de los comicios autonómicos de 2007 porque lo prohibió la Junta Electoral y posteriormente perdió las elecciones y la idea no llegó a ejecutarse.
Calatrava, que presentó al Govern unos bocetos y una maqueta que posteriormente reclamó, recibió el encargo de forma directa, sin concurso público, y cobró por ello 1,2 millones de euros.
