La razón es republicana. Las razones pueden ser monárquicas. Los corazones laten al ritmo de cualquiera de los dos sistemas políticos. Nadie discutirá que una República es, en principio, más democrática, pese a que abundan los ejemplos de dictaduras disfrazadas de esta forma de gobierno. Por contra existen monarquías en democracias mucho más sólidas que la nuestra.

La restauración monárquica española de 1978 -la de 1975 era a todas luces ilegítima- obedece a razones que aceptaron desde los herederos del franquismo hasta los comunistas, pasando por socialistas y nacionalistas. Se firmó un contrato en el que se estableció de forma tácita el principio fundamental de las monarquías parlamentarias: el rey reina, pero no gobierna. Pero también quedó establecido que el Monarca debía ser un símbolo que no generase problemas de gran calado. Juan Carlos I ha cumplido estas cláusulas durante la mayor parte de su largo reinado. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo en los últimos años. Urdangarin, Cristina, Corinna, Botsuana... son nombres ligados al declive de uno de los reinados más longevos.

Felipe VI deberá corregir los errores postreros de su padre si quiere que su hija primogénita se convierta en Leonor I. Además, tendrá que confiar en que la crisis económica sea pronto historia para que no crezca la desafección de los ciudadanos hacia los políticos en general y la monarquía en particular. Otro nubarrón se cierne sobre el futuro rey: el proceso independentista catalán. En cualquier caso todo monarca español debería leer el libro de Miguel Maura Así cayó Alfonso XIII. El hijo de Antonio Maura explica como los madrileños pasaron en un solo día de vitorear a la reina mientras recorría en coche el trayecto que une la estación de Atocha con el Palacio Real a proclamar la II República en la Puerta del Sol.

Los mallorquines también establecieron un contrato con la Monarquía cuando en 1973 cedieron a los entonces Príncipes de España el palacio de Marivent. La residencia había sido construida por el arquitecto Guillem Forteza por encargo del griego Joan de Saridakis. Su viuda, Anunciación Marconi, nos regaló el edificio y las obras de arte que contenía. No era poca cosa. Además de una importante colección de cerámicas, había pinturas de Picasso, Sorolla, Joaquim Mir o Ramon Casas y esculturas de Pablo Gargallo, entre otros.

El contrato suponía que, a cambio de la cesión, los reyes promocionaban la isla. El acuerdo resultó oneroso para los mallorquines porque 15 años después hubo que entregar obras de arte y mobiliario a los herederos de Saridakis. Habíamos incumplido las condiciones del legado testamentario que fijaban la obligación de mantener abierto al público el inmueble.

Casi nadie protestó. Nos consideramos sobradamente pagados por la publicidad que suponían cientos de fotos de los reyes y sus invitados. Carlos de Inglaterra, Diana Spencer, Vaclav Havel, George Bush, Bill Clinton, Hussein de Jordania o Mohamed VI daban relumbrón a Mallorca. Pronto olvidamos la mengua patrimonial sufrida. El contrato se amplió cuando se regaló al Rey el nuevo Fortuna con algo de dinero privado, exenciones fiscales y fondos del Govern.

Mallorca ha cumplido sobradamente su parte y sigue haciéndolo al gastar cada año dos millones de euros en el mantenimiento de Marivent. En los últimos años no puede decirse lo mismo por parte del Rey y sus hijos, cuya presencia ha quedado reducida a unos pocos días. Doña Sofía ha sido la excepción.

Seamos prácticos. Miremos sin pasión nuestros intereses. Si Felipe VI mantiene las condiciones no escritas acordadas con su padre, el negocio seguirá siendo bueno. Si se imponen las tesis de doña Letizia y la nueva Familia Real se aleja de la isla hay que renegociar el contrato. Sería absurdo que Marivent se mantuviera cerrado a los mallorquines si el Rey no lo utiliza o lo hace de forma mínima. El Govern debe mostrarse contundente: o la Familia Real cumple su parte del contrato o se rompe. Las monarquías de nuestra era no son ideológicas o nacidas por la gracia de Dios, sino pactos de intereses entre una familia y los ciudadanos.